Clos salva la cara en el Parlamento prometiendo a las eléctricas una nueva ley sobre emisión de CO2

    A la hora de la votación final, una vez convalidado el real decreto, el presidente del Congreso Manuel Marín, preguntó si algún grupo quería que el decreto se tramitase como Proyecto de Ley. El grupo popular lo pidió así, y se procedió a una nueva votación.

    El grupo socialista iba a votar en contra de la propuesta popular, pero el propio Rodríguez Zapatero indicó a su diputada Teresa Cunillera, que es la encargada de fijar el sentido de la votación en el grupo socialista, que cambiara el sentido del voto e indicara una votación a favor.

    La propuesta fue aprobada y, por tanto, el Gobierno esta comprometido a enviar al congreso un proyecto de ley sobre este tema. A tal fin, la próxima semana se reunirá la mesa y junta de portavoces para evaluar esta propuesta. ¿Habrá un nuevo pleno antes del día 14 de enero para resolver este problema planteado?
    
    Aun así, lo cierto es que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha podido salvar in extremis en el último día de Pleno parlamentario el más que polémico real decreto-ley 11/2007, de 7 de septiembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Sencilla y llanamente: que las compañías eléctricas tendrán que asumir en 2008 alrededor de 1.500 millones de euros por las emisiones de CO2.

         La medida, sin duda, es importantísima y ha abierto una guerra total entre el Ministerio de Clos y las eléctricas, pero también entre otros sectores relacionados y, desde luego, entre los propios grupos parlamentarios. El ministro ha recibido el apoyo del Grupo Socialista –naturalmente-, de IU y de ERC, y ha conseguido contar con la abstención del Grupo Popular, pero ha tenido que oír cosas muy duras.

         En este último Pleno parlamentario a Clos se le ha dicho literalmente de todo: tanto desde la oposición del PP y de CiU –que ha votado en contra de la convalidación- como de sus propios ‘socios’ de IU-ICV, de ERC y del BNG–que han votado, no obstante, a favor-: le han llamado ‘improvisador’ y han puesto de manifiesto la incapacidad de su propio Ministerio de poner orden en un sector que precisa una seria regulación, pero no por decreto-ley. De hecho, Herrera le ha recordado que estas cuestiones ya tuvieron que ser abordadas en la ley del Sector Eléctrico, cuando los socialistas se negaron a cualquier modificación.

         El ministro Clos, acorralado por el sector, por un lado, pero también por los grupos parlamentarios, por otro, ha tenido que recurrir a una promesa que resulta ‘sorprendente’ para sus socios de IU y de ERC: “Como saben, además hemos comentado con el sector la posibilidad de tratar este tema en un trámite posterior como proyecto de ley. A la altura de la legislatura en que estamos esto ya no tiene ningún sentido, sería una tergiversación del calendario electoral, pero en la medida de nuestras posibilidades, que estoy seguro que son muchas, nos comprometemos en el futuro a seguir este procedimiento con el objetivo de dar todas las garantías pertinentes a un sector estratégico relevante de nuestro país que merece toda nuestra atención y preocupación”.

         Ésa es la promesa gubernamental, algo que parece que ha calmado los ánimos en el PP, que se ha abstenido, pero que ha puesto en guardia a IU y a los republicanos catalanistas, como puso de relieve el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera: “Tememos la negociación con el sector que vendrá el día después de las elecciones por una razón muy sencilla: porque ustedes no tienen la sartén por el mango”.

         En su intervención inicial, Joan Clos dijo que con este real decreto se trata de corregir un “efecto distorsionante y no deseado que produce el actual mecanismo de asignación de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea”. El ministro ha justificado las prisas en el sentido de que esto es, realmente, la prórroga de una normativa vigente en estos momentos: el Real Decreto de 3 de marzo de 2006, “donde casi literalmente se establece el mismo mecanismo de corrección de estos efectos distorsionantes y no deseados de los cuales antes les hablaba”. Este real decreto-ley se aprobó el 3 de marzo de 2006, y, en definitiva, la nueva norma trataría de “corregir un efecto distorsionante que se produce por el mecanismo de asignación de derechos del CO2 de la Unión Europea”.

         En realidad, el efecto distorsionante se produce, en palabras del ministro Clos, porque las compañías en el sector eléctrico “transfieren íntegramente las asignaciones gratuitas de derechos de CO2 al precio de la energía”, lo que cual produciría un “efecto inesperado” que se traduce en un incremento del precio de la energía, consecuencia de una asignación gratuita que hace el Gobierno para este sector. Y, según el ministro, “no podemos aceptar que una asignación gratuita que hace el Gobierno a un sector se transforme además en incremento automático de tarifas. Por lo tanto, se trata de corregir este efecto no deseado. El mecanismo que hemos arbitrado en nuestro país, como les decía, ha funcionado muy correctamente. Es equitativo y proporcionado”.

 Muchas críticas de los ‘socios’ del Gobierno a la labor de Clos

         Al final, Clos venció, pero no convenció ni a propios ni extraños. Las intervenciones de los distintos portavoces parlamentarios fueron durísimas, salvo la socialista, claro está. Francisco Rodríguez, del BNG, anunció su voto a favor, porque “consideramos lógico que unos derechos de emisión asignados gratuitamente a las empresas eléctricas no tengan por qué provocar un impacto negativo en la factura de electricidad de los consumidores”. Ahora bien, añadió, sin embargo, que “hay algún aspecto que sin duda tendrá alguna explicación, como por ejemplo el artículo 2, donde las instalaciones que no reciben derechos de emisión, es decir, instalaciones de cualquier tecnología, no son precisamente asignatarias de gases efecto invernadero y, sin embargo, forman parte también del real decreto ley”. Es decir, en román paladino, que el coste repercutirá también sobre las empresa son contaminantes.

         Joan Herrera, de IU-ICV, anunció el apoyo de su grupo al Gobierno porque, a pesar la paradoja de ver “como hoy nos viene con un real decreto que lo que hace es poner negro sobre blanco lo que defendía que estaría en la ley”, lo cierto es que “lo que vamos a aprobar es que las eléctricas no se descuenten los costes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero del déficit tarifario que van a cobrar. Lo que vamos a aprobar es sentido común; sentido común en un país con un déficit tarifario récord; sentido común en un país que incumple como quien más con el Protocolo de Kioto”.

         No obstante, Herrera formuló una pregunta al ministro que quedó sin contestación: “La cuestión es, si es la continuidad del Real Decreto-Ley 3/2006, ¿por qué no lo poníamos en la ley? ¿Por qué no hicimos antes? Ahí sí tenemos que decir que no lo entendemos”. Y añadió que “algo no funciona en el sistema eléctrico español y ustedes han renunciado a ponerle el cascabel al gato. Lo que no puede ser es que lo intentemos con un real decreto-ley, con el que coincidimos y que vamos a votar a favor. Ya se lo dijimos cuando ustedes ni tan siquiera escucharon ninguna de nuestras enmiendas en relación con el sector eléctrico; repito, ninguna. Les vamos a sacar las castañas del fuego pero le tengo que decir que tememos la negociación que usted ha anunciado”

         Por su parte, Ramón Torres, de ERC, también anunció su voto favorable, pero de forma crítica a cómo se ha hecho todo. Consideró acertado que el Gobierno proponga a la Cámara la convalidación de un real decreto que plantee la necesidad de devolver el “sobreingreso”, independientemente de que la instalaciones hayan sido asignatarias o no de derechos de emisión de CO2 por el Plan nacional de asignaciones 2008-2012, pero criticó el instrumento utilizado –la fórmula misma del real-decreto- por no ser “el más adecuado”: “No hace ni medio año esta misma Cámara aprobó la Ley 17/2007, de modificación de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Ese contexto, que permitía un debate más pausado, hubiera sido mucho más adecuado para mejorar este tema. Igualmente nos parece excesiva la discrecionalidad con la que gozará el Gobierno para regular la parte sustancial de este real decreto-ley, es decir, el cálculo exacto del montante a aminorar”.

         Para Ramón Torres, “el impacto económico de la aminoración es grande: 1.494 millones de euros sólo para el año 2008, según estimaciones del mismo Gobierno, por ello entendemos que las empresas eléctricas no estén satisfechas con este real decreto. Si bien compartimos diversas de sus críticas procedimentales, el objetivo que persigue el Gobierno nos parece adecuado. De no darse esta aminoración lo que sucedería es que este sobreingreso lo acabarían pagando los ciudadanos, ya sea como consumidores o como contribuyentes”.

PNV y CiU, radicalmente en contra

         La posición absolutamente contraria a la fórmula empleada por Clos para salvarse la cara en el último momento la mantuvieron PNC y CiU. Para el portavoz vasco Beloki Guerra, “demasiadas cosas en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han tenido a lo largo de esta legislatura un aire de improvisación”.

         Según Beloki, “el Ministerio establece en un determinado momento del año 2006 el principio y la norma de que la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica se minoraría por el valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energía eléctrica. Posteriormente en el Plan nacional de asignación atribuye los derechos en los términos gratuitos en que los establece. Esto es lo que hace el ministerio, hace las dos cosas, y ahora, en un auténtico giro de última hora, giro sobre sí mismo, el ministerio nos asalta con una más de sus ocurrencias o de sus improvisaciones: a las compañías de producción de electricidad les cambia el criterio en el último segundo, justo cuando no hay ni siquiera margen para que debatamos a fondo en este hemiciclo”.

         De igual manera, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó el real decreto de “medida caótica y precipitada por su improvisación. No se puede plantear en el Parlamento el último día de legislatura una convalidación de un real decreto de esta envergadura en la que no han participado ni los sectores afectados y, lo que es más grave, tampoco va a poder participar el Parlamento español en la Comisión de Industria, como ha pasado también en algunas otras materias legislativas que se han traído a esta Cámara”.

         Para Sánchez Llibre, al no haber sido posible un debate interesante entre las diferentes partes de los sectores afectados, “la aplicación de este real decreto puede tener consecuencias negativas ya que afectará a todas las instalaciones de producción de energía eléctrica que hayan recibido o no gratuitamente derechos de emisión de CO2, es decir, instalaciones de producción de energía por renovables, que también se verán afectadas después del recorte que paulatinamente el Gobierno está aplicando en su retribución”. Y, finalmente, esto también puede afectar negativamente al comercio transfronterizo, según el nacionalista catalán, a través de la frontera francesa, porque “se puede producir energía para exportar a Francia y esto conllevaría una deducción de los ingresos. En cambio, producir energía en Francia para exportar a España no conllevaría deducción alguna”.

La crítica verbal del PP

         Una posición similar fue la adoptada por el portavoz del PP Castelló Boronat, para quien el Gobierno se ha dedicado en materia energética “a casi todo menos a introducir en tiempo y en forma las reformas y las medidas que necesitaba el modelo energético de nuestro país para avanzar en esos tres grandes principios”. Ha dicho que el Ministerio de Industria está a las órdenes de Red Eléctrica de España, con una Comisión Nacional de la Energía desacreditada y con un sector fuertemente tensionado, y que con ese panorama, se ha traído este Real Decreto-ley 11/2007 “que puede tener influencias negativas en la estabilidad del sistema y conllevar coyunturas de riesgo de suministro y de apagones”.

         “Nosotros somos partidarios de que esto se hubiera tramitado como un proyecto de ley”, dijo Castelló, “ha tenido tiempo el Gobierno de traerlo, ha tenido tiempo el Gobierno de plantearlo en otros momentos, porque esto no es una situación excepcional ni una situación urgente. El mercado de los derechos de emisión funciona desde el año 2005, está el Real Decreto 3/2006, con la curiosa circunstancia de que era también urgente y excepcional, y se desarrolló un año y medio después. La normativa del desarrollo del Real Decreto 3/2006 ha salido hace muy pocos días. Urgente tampoco es. Tiene incidencia en un periodo de tiempo, 2008-2012, largo y, por tanto, podría traerse más adelante. En cualquier caso, se podría haber hecho antes y provocado un debate, en el que nosotros hubiéramos participado y hubiéramos contrastado las opiniones, porque estamos de acuerdo en que se busque un mecanismo que evite que los derechos gratuitos puedan ser pagados por los consumidores, pero los efectos que esto produce pueden ser muy negativos para todos”.

         Ahora bien, por “responsabilidad” y por un “efecto positivo de cara a los consumidores, no lo vamos a apoyar, pero no vamos a votar en contra”.