Nacionalistas e IU reculan y apoyan el canon de Zapatero

    El rechazó contó con el apoyo del PSOE, CiU, IU y CHA, que dijeron 'no' a la enmienda de Entesa Catalana de Progrés, aprobada en el Senado la semana pasada, a la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) en la que se instaba a modificar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en el plazo de un año con el fin de suprimir el canon digital, proponiendo alternativas consensuadas con el sector para la salvaguarda de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

    El hemiciclo, que contó con la presencia en el debate de medio centenar de artistas y autores, se centró de manera determinante en este tema. Así, mientras el diputado Diego López Garrido, del PSOE defendió el canon por ser "un elemento de protección de los creadores", y su Grupo votó en contra de la citada enmienda, el PP lo calificó de "medida anticuada, medieval y anacrónica que limita la libertad de los ciudadanos", por lo cual votó a favor. Se abstuvieron en esta votación PNV, ERC y BNG.

Aprobada la LISI

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que introduce innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los usuarios.

La ley establece que los proveedores de acceso a Internet deben informar a sus usuarios sobre los medios técnicos que permiten la protección frente a virus informáticos y programas espía, la restricción de los correos electrónicos no solicitados y la restricción a determinados contenidos nocivos para la juventud y la infancia.

   Asimismo, la norma señala que la autorización del secuestro de páginas de Internet "sólo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes".  Además, la norma establece que la Administración General del Estado impulsará el uso de la factura electrónica entre los diversos agentes del mercado, en particular entre las pequeñas y medianas empresas y en las denominadas microempresas.

Interlocución entre usuarios y empresas

   De igual modo, el texto garantiza una interlocución electrónica de los usuarios y consumidores con las empresas que ostenten determinados servicios de especial relevancia económica. Esta nueva obligación tiene por finalidad asegurar que los ciudadanos cuenten con un canal de comunicación electrónica con las empresas cuyos servicios tienen una mayor trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas.

   A tales efectos, se especifica que dicha interlocución telemática ha de facilitar al menos la realización de trámites tales como la contratación electrónica, modificación de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, histórico de facturación y sustitución de informaciones.

   Además, el Congreso aprobó que se dé cobertura legal a las televisiones de proximidad, siempre y cuando emitan contenidos específicos de carácter social y cultural de la zona en la que se emiten.

Regular apuestas

   Del mismo modo, el texto insta al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas con competencia en la materia, a presentar un proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos, basados en comunicaciones electrónicas.

   El Ejecutivo deberá asegurar la compatibilidad de la nueva regulación con la normativa aplicable a otros ámbitos vinculados a la prestación de este tipo de servicios y en especial a la normativa de protección de menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios, así como de los consumidores en general.

   Esta regulación se llevaría a cabo de acuerdo con la normativa y los principios generales del derecho comunitario y se articularía un sistema de control que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores, así como unos adecuados niveles de protección de los usuarios.

   La competencia para la ordenación de las actividades de juegos y apuestas realizadas a través de sistemas interactivos corresponderá a la Administración general del Estado, cuando su ámbito sea el conjunto del territorio nacional o abarque a más de una comunidad autónoma.

   De esta manera, quien no disponga de esta autorización no podrá realizar este tipo de actividades y se sancionará de conformidad con la legislación de represión del contrabando la realización de apuestas sin autorización.

   La norma se enmarca dentro del Plan Avanza, iniciativa destinada a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y a garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva sociedad de la información.