El Ejecutivo ha reconocido "notables avances" en las negociaciones después de que anoche las conversaciones entre la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, hicieran vislumbrar, por primera vez, la posibilidad de un acuerdo.
Las casillas de la cuadrícula del 'sudoku' de la financiación van poco a poco rellenándose y parece que, tal y como ha asegurado el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo está "muy cerca".
Zapatero y Montilla se pusieron ayer al frente de la negociación y mantuvieron por la noche diversos contactos telefónicos.
La última oferta del Gobierno se cifra en más de 3.100 millones de euros a los tres años de entrar en vigor el nuevo modelo, incluyendo el coste de competencias singulares de Cataluña como la policía autonómica o la promoción de la lengua catalana.
Montilla ha insistido hoy en que aún falta por cerrar algunos "flecos importantes" pero no ha podido negar que el acuerdo está en su "recta final".
ERC debe dar el 'sí quiero'
En la resolución de las casillas catalanas del 'sudoku' también tendrá algo que decir ERC, cuya permanente se reune para valorar la situación, una vez celebrada la reunión entre el tripartito catalán y el conseller Castells.
Un encuentro que, según este último, ha ido "bien", aunque los republicanos se muestran aún insatisfechos con la cifra que ofrece el Gobierno.
Desde el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en que "el acuerdo está al alcance de la mano" y ha asegurado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convocará la próxima semana, tal y como se había comprometido Zapatero.
El optimismo del Gobierno contrasta con las críticas que llegan desde la calle Génova y desde sus comunidades más poderosas.
Las comunidades del PP, lo critican
El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, ha acusado al Gobierno de "oscurantismo" y ha señalado que, a día de hoy, ninguna de las comunidades gobernadas por los populares conoce el modelo y únicamente tienen constancia de algunas cifras, pero no del montante global.
En la misma línea se ha manifestado la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha dicho que su comunidad no aceptará un modelo que, aunque reconozca el aumento de población, conceda 1.800 euros por cada madrileño en lugar de los 2.100 actuales.
Además, a Madrid no le cuadran los 9.000 millones de euros adicionales que propone el Gobierno si 3.000 de ellos los recibe Cataluña.
De cifras hablan también en Valencia, donde la Generalitat ha reclamado al Gobierno al menos 1.900 millones de euros si Cataluña logra finalmente los 3.100, mientras que en Castilla y León denuncian que un catalán recibirá el triple que cualquier español.
Valencia y Madrid, dos de las comunidades con más peso del PP, han denunciado la falta de información por parte del ministerio de Salgado, quien, según Zapatero hablará con los presidentes autonómicos y los consejeros de Economía para "precisar, recibir alguna última petición y tomarla en consideración".
Desde Galicia, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado también su malestar con el proceso y el sistema, del que ha dicho que "todo parece indicar que va a ser un fracaso".
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, se ha sumado a estas críticas y ha considerado que, tras el reparto de la financiación a Cataluña, las otras comunidades tendrán que "llenar la tartera" como puedan y "untar con la miga".
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