Justicia e Interior: las otras patatas calientes del Gobierno

El acuerdo ahora total entre PSOE y PP en materia de lucha antiterrorista va a liberar a Rodríguez Zapatero de otro grave enfrentamiento parlamentario en ese terreno con Mariano Rajoy. Nadie puede cuestionar los indudables éxitos del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la lucha contra ETA: la sucesiva y vertiginosa caída de cúpulas etarras así lo atestiguan. También en el campo de la lucha contra las mafias, el CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado), creado en 2006 y con la comisaria María Marcos Salvador al frente, el resultado es innegable. En ese terreno, Zapatero va a afrontar un debate sobre el estado de la Nación tranquilo y sereno.

    Otra cosa es toda la política interna del Ministerio de Pérez Rubalcaba: el conflicto colectivo con el Cuerpo Nacional de Policía y los retos que le plantean las asociaciones de la Guardia Civil tendrán sin duda cabida en este debate: serán sacados a colación probablemente por Rajoy, pero también por la diputada de UPyD Rosa Díez, que ha actuado de ‘madrina’ de los cuerpos policiales.

     La Policía es actualmente quien amarga la vida al ministro del Interior, pero planteando cuestiones salariales y de mejora de las estructuras, métodos y medios de trabajo. Son reivindicaciones de carácter más bien material, pero, por eso, precisan de importantes partidas que el ministro cataloga de impensables en tiempos de crisis.

    Con la Benemérita, a las reivindicaciones anteriores se suma el deseo de muchos guardias civiles de proceder a una desmilitarización del Cuerpo que, sin embargo, no se va a producir. No con el Gobierno socialista. Tampoco el PP la quiere, así que Zapatero afronta el debate sin ningún gran frente abierto en toda la política de Interior. Por primera vez desde hace años, la firmeza indudable en la lucha contra ETA y la negación de cualquier proceso de diálogo con los terroristas va a eliminar del debate parlamentario el agrio enfrentamiento registrado en las anteriores ediciones.

    Lo demás, son puntos menores que no tendrán apenas influencia. Salvo, naturalmente, el hecho de que no hay ministro capaz de acabar con los celos profesionales entre policías y guardias civiles: ni siquiera la creación del CNCA (Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista), ya en 2004, ha servido para limar asperezas al respecto.
 

El gran pacto por la Justicia



Otra cosa distinta, sin embargo, es el conjunto de la política judicial del Gobierno. Zapatero está dispuesto a ofrecer un ‘gran pacto por la Justicia’, pero ello no constituye ninguna novedad. Ya lo ha ofertado en anteriores ediciones de este debate: ya se le dijo que sí, pero nunca se concretó y el nuevo ministro, Francisco Caamaño, ha heredado de su antecesor, Mariano Fernández Bermejo, una huelga de jueces en ciernes –sería la segunda que se produjera en pocos meses- reclamando una Justicia más efectiva.

    Es cierto que Caamaño ha llegado al Ministerio de Justicia con otro talento distinto al de Fernández Bermejo: ya no es el ‘ariete’ del Gobierno contra el PP, y con un carácter también muy distinto al del primer ministro de Justicia de Zapatero, Juan Fernando López Aguilar. Pero se encuentra con que, para resolver los gravísimos problemas judiciales no bastan sonrisas, sino que se precisan medios materiales; es decir, dinero.

Sólo así, con una serie de medidas como la informatización real de la Justicia, y desde luego con más medios materiales y humanos, podría evitarse que casos como el del juez Tirado –y otros- se vuelvan a repetir. Porque el problema sigue estando en las ejecutorias de sentencias, que se acumulan exponencialmente.

     Caamaño tiene sobre sí ocho grandes retos, que son los mismos que conforman la ‘Hoja de Ruta’ de la Justicia expuesta por el actual Consejo General del Poder Judicial.

     En primer lugar, la definitiva implantación de la nueva Oficina Judicial, con la puesta en marcha de un sistema de organización y funcionamiento de la Administración de Justicia acorde con las necesidades de una sociedad moderna y avanzada. La Oficina fue aprobada por el Parlamento con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, pero ni los dos sucesivos ministros de Justicia socialista, López Aguilar y Fernández Bermejo, han sido capaces de sacar adelante.

El segundo gran tema es la reestructuración de la planta y demarcación judicial, para redefinir un mapa adaptado a la evolución de las características demográficas de la población española. Se trata de establecer el número, tipo y distribución territorial de los órganos jurisdiccionales según la carga de trabajo que puede ser asumida por cada uno de los mismos.

    El tercero y cuarto de los puntos son la aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar el func    ionamiento de la Administración de Justicia (una informatización real y puesta en red de todos los juzgados) y la carta de derechos y plan de transparencia judicial, que aborde la mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano, avanzando hacia la transparencia y la comprensibilidad del mismo.

    En quinto lugar, el seguimiento y mejora de la actividad de los órganos judiciales, promoviendo la mejora de su actividad, pero desarrollando incentivos para promover una mayor calidad en la prestación del servicio y estableciendo mecanismos que posibiliten un mejor tratamiento de las situaciones de interinidad. Eso es, al menos, lo que pide el CGPJ por unanimidad.

    En sexto lugar, el impulso de las reformas orgánicas y procesales, tanto en el Derecho Orgánico como en materia procesal para reducir la litigiosidad, es decir, el número de asuntos que se someten a decisión de los Juzgados y Tribunales.

    Luego, un acuerdo para la modernización del estatuto de los jueces y magistrados, de sus derechos y deberes en el ámbito profesional para mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional, pero no sólo para juzgar, sino para ejecutar lo juzgado.

    Por último, el más que espinoso asunto de la organización territorial del Estado: potenciar la actividad de las Salas de Gobierno como órganos de gobierno del Poder Judicial en el territorio de cada Tribunal Superior de Justicia. Para ello queda pendiente la adaptación necesaria en relación con la organización territorial del Estado y el desarrollo de las previsiones estatutarias. Debe garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.


-VOLVER A PORTADA-