Fernado De Rosa se pronunció en los términos citados en declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar en Valencia las terceras jornadas de Relaciones Laborales, al ser preguntado por su opinión en relación con las acusaciones del miércoles del PP de escuchas ilegales al Gobierno. El vicepresidente del CGPJ apuntó que "si alguien está dudando de su constitucionalidad, lo lógico que hay que hacer es poner un recurso ante el Tribunal Constitucional para que determine si ese mecanismo es o no adecuado".
Igualmente, indicó que "lo único" que decía es que, hasta ahora, las intervenciones telefónicas que se habían efectuado en España "eran por autorización judicial", "son las que yo conozco. El juez pondera y valora la proporcionalidad de la medida y concede o no la misma", apostilló.
El informe de 2002 exigió la autorización judicial
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene, en relación con el sistema de grabación SITEL, que sean cuales sean los sistemas utilizados por la Policía para la interceptación de comunicaciones, éstos no pueden propasar el marco normativo que regula el secreto de las comunicaciones, que exige la existencia de orden judicial previa. Con este análisis coincidieron este jueves varios vocales del Consejo consultados que se remiten al informe que realizó este órgano en 2002 respecto del Real Decreto aprobado por el Gobierno sobre las condiciones para la utilización de este servicio de escuchas.
En dicho informe, el órgano de gobierno de los jueces rechazó hacer una valoración técnica del sistema SITEL, si bien advirtió que debía garantizarse la protección de los derechos de los ciudadanos. Algo que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que se daba en todos los casos en los que era utilizado.
Autoridad judicial
Por ello, desde el Consejo se pusieron 'peros' a la utilización en el Real Decreto de los términos "autoridad competente" o "autoridad legal" como válidas a la hora de autorizar el uso del sistema, y se insisitó en que debía quedar claro que dicha autoridad tenía que ser "judicial". Para el Consejo, que este jueves mantiene la misma postura, siempre tiene que ser un juez el que inicie o bien avale la actuación policial, y dicha autorización debe ser además motivada, según las mismas fuentes.
Por otro lado, el Tribunal Supremo rechazó en enero del pasado año el recurso interpuesto por la Asociación de Internautas contra el Real Decreto de 2005 sobre interceptación de comunicaciones, si bien la última palabra sobre esta cuestión se encuentra ahora pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional.
El PP denuncia al Gobierno y exige una Ley Orgánica
Ahora bien, este mismo jueves la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha registrado en el Congreso una Proposición no de ley para "poner en marcha los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004, para su debate en Pleno".
En esa proposición, el PP reconoce que el Gobierno de José María Aznar, como consecuencia del desarrollo de las nuevas redes de comunicación electrónica y del auge de la telefonía móvil, se planteó en 2001 la necesidad de mejorar los sistemas de interceptación de las comunicaciones adaptándolas a las nuevas tecnologías. Eso supuso una doble actuación, por un lado tecnológica, para generar el software y por otra jurídica, para adecuarlo a nuestro Ordenamiento.
Para hacerlo, "pidió informes sobre la legalidad del mismo" a los Ministerios de Justicia y Defensa además de al Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, "dichos informes pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la cobertura legal para ponerlo en funcionamiento, entre ellas, la necesidad de que se aprobase una Ley Orgánica para regular esta materia".
Por esa razón, según los dirigentes populares, el proyecto se frenó en tanto no se regulara por Ley Orgánica. Sin embargo, cuando Rodríguez Zapatero llegó al poder le faltó tiempo para utilizar tan eficaz instrumento, sin cobertura legal, claro, y lo puso a pleno rendimiento en diciembre de 2004.
La Proposición presentada por Sáenz de Santamaría afirma que "posteriormente, para darle cobertura legal se dictó un Reglamento, el R.D. 424/2005, de 15 de abril, en desarrollo de la Ley General de Comunicaciones, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y más tarde una insuficiente Ley de carácter ordinario, la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones que modifica, en su disposición final, el articulo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones".
En definitiva, que "además de la falta de carácter orgánico, presenta rasgos de dudosa constitucionalidad. Así, en el apartado 8°) obliga a las operadoras de telefonía a facilitar datos personales de sus clientes a la policía con carácter previo a la orden de interceptación y en el 6° y 7° a facilitar información sensible aunque la orden de interceptación no lo solicite".
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