Una fundación del PP que contrató empresas de Correa financió actos del partido en Madrid

Así lo refleja un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía fechado el 31 de julio de 2009, en el que se desglosa el contenido de la información encontrada en un "pen drive" que la red tenía en una de sus oficinas de Madrid y que aparece en la parte del sumario del "caso Gürtel" sobre la que se ha levantado el secreto.

En una de las carpetas del "pen drive", llamada PP-MADRID, se incluye el detalle de varias facturas emitidas por actos del PP madrileño pagadas entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004 por dicha formación política, el grupo popular del Ayuntamiento de Móstoles, el PP de Majadahonda y Fundescam, entre otros.

Entre los actos financiados figuran varias campañas municipales y autonómicas de Madrid, entre ellas las de 2003, las generales de 2004, los comicios europeos de ese mismo año y el Congreso Regional del PP también en 2004.

La investigación concluye que Correa y su número dos, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, se relacionaban con personas relevantes de las comunidades de Valencia y Madrid, así como de los Ayuntamientos de Majadahonda, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, con el fin de conseguir adjudicaciones y asegurarse "un volumen de trabajo".

Aguirre pagó a Special Events

Según el informe policial, el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó también a la empresa Special Events de Correa por la organización de varios actos, entre ellos el Congreso Regional del PP de 2004, en el que el alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón vio frustrado su intento de presentar la candidatura de Manuel Cobo a la presidencia del PP madrileño.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) asegura que el pago por parte de Fundescam de actos del PP madrileño supone financiación irregular de este partido, ya que sostiene que la fundación había recibido donaciones de empresas que tenían contratos con la Administración regional.

Esto contravendría el artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que establece que estas formaciones no podrán aceptar o recibir, "directa o indirectamente", donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público.

Los socialistas madrileños -que aseguran que hubo aportaciones de empresas a Fundescam entre el 25 de julio y el 11 de agosto de 2003 por un importe superior a 439.000 euros- han denunciado los hechos ante la Junta Electoral Central, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y la Inspección de Hacienda.

Esperanza Aguirre defendió el pasado 4 de junio en la Asamblea regional la legalidad de las contrataciones de su Gobierno con trece empresas que realizaron donaciones a Fundescam y negó que la fundación hubiera "pagado campañas electorales" del PP.

Además, el PP de Madrid se querelló en mayo del año pasado por injurias y calumnias contra el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, por haber acusado a su partido de cohecho y financiación ilegal a través de Fundescam.