Un 'recibo' incautado en operaciones antiterroristas después de que finalizaran las negociaciones con la banda armada en mayo de 2007 demuestra que empresarios extorsionados por ETA se hubieran librado de pagar el 'impuesto (chantaje) revolucionario' si la policía hubiera llevado a cabo la operación contra la red de extorsión de ETA prevista para el 5 de mayo de 2006. En concreto, uno de los 'recibos' incautados señala que al menos un empresario pagó el 4 de junio de 2006, un mes después de frustrarse la operación, más de 60.000 euros en concepto de ese 'impuesto'. Si la red hubiera caído el 5 de mayo como estaba previsto, ese empresario, al menos, no hubiera tenido a quién pagar. Pero
la caída de etarras se frustró por un 'chivatazo policial'.
El 'chivatazo' policial se produjo el 4 de mayo de 2006 -un mayo antes del referido pago-, cuando un policía -supuestamente el inspector
José María B., según el informe policial de la investigación, elaborado por el inspector-jefe
Carlos Germán - entregó un teléfono móvil a
Joseba Elosua, propietario del bar Faisán y supuesto intermediario de la red de extorsión de ETA. En el otro lado de la línea se hallaba otro policía -según el mismo informe, se trataba supuestamente del Jefe Superior de Policía del País Vasco,
Enrique Pamiés- que le avisaba para que no acudiera a un encuentro de la red porque estaba vigilado y había una operación en marcha para detenerlos a todos, incluyendo al peneuvista
Gorka Agirre, actualmente fallecido.
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Efectivamente, ese 'chivatazo' frustró una operación conjunta hispano-francesa puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Grande-Marlaska y la juez francesa Laurence Le Vert para acabar con la red de extorsión de ETA que tenía su epicentro en el bar Faisán, en Irún, propiedad del mencionado Elosua. Grande-Marlaska tuvo conocimiento de ese 'chivatazo' por la transcripción de una cinta grabada, en la que Elosua informaba de tan sorprendente hecho a su cuñado,
Carmelo Luquin. La conversación tuvo lugar en el coche del primero, que no sólo estaba 'balizado' -dispositivo para seguimientos-, sino al que le habían colocado una 'chicharra' -en argot policial- para grabar a distancia todo lo que en el vehículo se decía.
Cuando el juez recibió la transcripción de la cinta, remitida al juzgado por el comisario general de Información,
Telesforo Rubio, se vio abocado a la paralización de la operación, pero abrió inmediatamente otra causa para averiguar quiénes fueron lo autores del 'chivatazo'.
Rubalcaba tira balones fuera
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El 'chivatazo' tuvo lugar el mismo día que el entonces presidente del PNV,
Josu Jon Imaz, se reunía en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, para comunicarle, al parecer, que los jeltzales aceptaban incluirse en las negociaciones que el PSE-PSOE iba a emprender con la izquierda abertzale -la ilegalizada Batasuna- en el monasterio de Loyola, dentro del proceso de paz iniciado entre ETA y el Gobierno.
El Partido Popular ha mordido presa en el 'caso Faisán' y no piensa soltarlo, lo que ha dado lugar a ásperas confrontaciones parlamentarias entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los diputados populares
Ignacio Cosidó,
Ignacio Gil-Lázaro y
Jorge Fernández Díaz. Pero Rubalcaba siempre ha contestado a las incisivas preguntas de los populares al respecto que la operación contra el bar Faisán se hizo finalmente…
Y así fue, pero se realizó mes y medio después, el 19 de junio, y, aunque cayeron 14 supuestos etarras e intermediarios diversos, hubo tiempo suficiente para poner a buen recaudo papeles, etc. y, sobre todo, para que algunos empresarios siguieran pagando durante ese tiempo el mal llamado 'impuesto revolucionario'. Además, la constancia de ese pago pone en evidencia al Gobierno, que en aquellos momentos decía que había verificado que la banda etarra había parado toda su actividad terrorista desde que emitiera en marzo de ese año su declaración de tregua indefinida.
El PP va a por todas
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Con los nuevos datos que se van conociendo día a día el PP va a lanzar una auténtica ofensiva parlamentaria. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz del Grupo Popular en el Congreso,
Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha avanzado que su partido dedicará la primera sesión de control al Gobierno del nuevo periodo de sesiones -que arrancará en febrero- a pedir explicaciones sobre el supuesto chivatazo policial a ETA.
La anunciada ofensiva parlamentaria se basa fundamentalmente en el informe elaborado por el inspector-jefe
Carlos Germán, el cual imputa -supuestamente, claro- al que fuera director general de la Policía,
Víctor García-Hidalgo, que sería el que dio la orden del 'chivatazo' -según el informe, insistimos-; al Jefe Superior de Policía en el País Vasco, el comisario
Enrique Pamiés, y al inspector de la Brigada de Información de Álava
José María B. (actualmente en Información en San Sebastián).
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