El 'caso del bar Faisán' es una herencia envenenada que le dejó a Baltasar Garzón su sustituto al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5,
Fernando Grande-Marlaska, mientras el juez-estrella se tomaba unas vacaciones de estudios en Nueva York. La actuación de Marlaska en este caso tuvo lugar unas semanas antes de la reincorporación de
Garzón a su Juzgado y el resultado de la misma fue el desmontaje de toda una red de espionaje policial en torno a
Joseba Imanol Elosua, dueño del bar Faisán, en Irún, supuestamente utilizado por ETA para su red de extorsión.
Ya en su día, el escándalo fue mayúsculo, conteniendo ribetes de todo tipo de prevaricaciones e increíbles 'chapuzas' y 'chivatazos' policiales a ETA con el objetivo de impedir que el juez Marlaska detuviera a determinados 'intermediarios' de la banda, como supuestamente lo era Elosua. El 'caso del bar Faisán', con todo lujo de detalles, se inscribe en el contexto de la negociación de
Zapatero con la banda terrorista ETA y está desarrollado en un libro de próxima publicación que han elaborado conjuntamente el autor de este reportaje y el director de
Diariocrítico.com,
Fernando Jáuregui.
El silencio elocuente de Garzón
Hasta el pasado domingo, la única ocasión en la que Garzón habló sobre el ‘chivato policial’ fue para desmentir una información de un diario madrileño que vinculaba esa llamada a
Elosúa con el ex jefe de Seguridad del PSOE,
Fernando Mariscal. Según el listado de llamadas elaborado por la Guardia Civil y entregado al juez, Mariscal habría llamado ese 4 de mayo a las once de la mañana desde la sede socialista de la calle Ferraz a una persona que se encontraba en el bloque que acogía al bar Faisán. En dicho bloque, la policía tenía montado el dispositivo para la operación contra el aparato de financiación de ETA.
Desde el PSOE se aseguró que Mariscal llamó desde un teléfono móvil corporativo (propiedad de la formación socialista) a un policía, ex compañero suyo y que participó en dicha operación, para felicitarle por su cumpleaños. Ese ‘compañero’ era
Manuel Risco, comisario jefe de la Brigada Operativa de la Policía Nacional de San Sebastián.
Pero parece que ni Mariscal ni Risco tuvieron nada que ver. Ahora tras el levantamiento del sumario se ha sabido que estaban implicados el que fuera director general de la Policía,
Víctor García Hidalgo, que supuestamente habría ordenado a policías de su confianza en Vitoria que alertasen a Elosúa de la operación judicial.
Según las primeras conclusiones del informe policial elaborado para este caso, junto a García Hidalgo aparecerían implicados el jefe superior de Policía del País Vasco, que habría sido quien llamó por teléfono, y un inspector de la Brigada de Información de Álava -actualmente destinado en San Sebastián-, que sería quien habría recibido la llamada y supuestamente pasado el teléfono a Elosúa.
Sin embargo,
el fiscal ha pedido el archivo del caso porque solamente se aprecian indicios de que lo anterior hubiera sido así, pero ni un solo hecho probatorio. El fiscal no pide ningún otro tipo de actuaciones. Esta decisión ha originado que desde el PP se dispare contra el fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, acusándole poco menos que de connivencia con Garzón para tapar uno de los mayores escándalos policiales de los últimos tiempos.
Una chicharra para el bar Faisán
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Este asunto, el más increíble que ha ocurrido recientemente en la lucha contra el terrorismo en España, cayó en manos de Grande-Marlaska en 2006 por la remisión a su juzgado del contenido íntegro de una conversación -grabada el 4 de mayo de 2006- en la que Elosua explicaba con estupor a su cuñado cómo “un madero y su compañero” –es decir, dos policías- le dieron el 'chivatazo' de que les iban a detener cuando pasaran a Francia con el dinero de la extorsión a empresarios.
El juez Marlaska tenía previsto detener a Elosúa y al mayor número posible de integrantes del aparato de extorsión de ETA. Debido al 'chivatazo' policial, la operación se tuvo que posponer hasta el 20 de junio.
La historia viene de atrás. Desde hacía años, la policía sospechaba del bar Faisán, en Irún, como tapadera de la red de extorsión de ETA. Los ‘chapuzas’ –en argot policial- de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependientes de la Comisaría General de Información, instalaron dispositivos de videovigilancia en la entrada trasera del establecimiento y colocaron una ‘chicharra’ –un receptor transmisor- en el interior del vehículo de Elosua, de manera que, además de sus conversaciones por los teléfonos fijo o móvil, podían grabar las conversaciones que mantenía en el interior de su coche.
Entre otras, la que mantuvo con su cuñado, en la que desveló que había sido alertado por dos policías de que estaba siendo investigado y que había en marcha una operación policial contra toda la red de extorsión. Fue también la UCAO la que, incluso, detectó cómo sus cámaras estaban sufriendo interferencias, hasta que descubrieron que la Ertzaintza también había montado un dispositivo de vigilancia paralelo sobre el bar Faisán. Cosas de la competencia policial...
Bar Faisán, el centro del espionaje y de la extorsión
A través de los años, el bar Faisán se había convertido en una mina de información muy útil para la lucha antiterrorista. Entre los sumarios que instruía Grande-Marlaska se encontraba el de la financiación de ETA, y el juez decidió actuar ya contra Elosúa, al contar con numerosas cintas grabadas desde el año 2004 en las que intervenían hasta dirigentes del PNV sometidos a seguimientos, como
Gorka Agirre Arizmendi, sobrino del primer lehendakari,
José Antonio Agirre, y yerno del ex consejero de Interior,
Luis María Retolaza.
Las conversaciones grabadas entre ambos no dejaban lugar a dudas: quedaba claro que el peneuvista Agirre y otros supuestos implicados conocían perfectamente el lenguaje utilizado por los presuntos extorsionadores para referirse a los pagos. La policía había localizado la utilización del sustantivo “vino” como clave para referirse a las exigencias económicas y “botella” para cada seis mil euros procedentes del pago de los empresarios.
Fruto de las grabaciones policiales, la Comisaría General de Información que dirigía Telesforo Rubio desde la llegada de Zapatero al poder llevó a cabo al menos dos seguimientos al peneuvista Gorka Agirre. El primero fue el 20 de abril de 2006, centrándose en el bar Faisán, donde Elosúa le entregó un ejemplar del diario Berria doblado tras haber introducido varios papeles “del tamaño de un sobre pequeño”.
El siguiente seguimiento se realizó el 3 de mayo, fecha en la que Agirre fue de nuevo al bar Faisán: “Iba vestido con un pantalón oscuro y camisa blanca de manga corta. Se le apreció en el bolsillo izquierdo del pantalón un abultamiento que, mientras se dirigía al bar, lo sujetaba introduciendo la mano”, detalla el informe policial. Elosúa y Agirre, tras conversar varios minutos en el bar, se subieron en un vehículo del primero y se dirigieron a Oyarzun, donde recogieron a
Ramón Sagarzazu Olazaguirre. En ese encuentro, grabado videográficamente, supuestamente Elosúa habría recibido unos 60.000 euros del pago de empresarios.
Garzón a Grande-Marlaska: “No hagas nada”
Jáuregui y
Menéndez pudieron averiguar para su libro que, antes de iniciar la operación que abortó el chivatazo policial, Grande-Marlaska habló con Garzón, que se iba a reincorporar a su juzgado en el mes de julio de ese año, y que Garzón le dijo que no hiciera nada, que ya lo haría él cuando volviera. Pero Marlaska no dejó pasar la ocasión, acaso previendo lo que ocurriría luego: que Garzón dejó dormir esa pieza judicial en el fondo del cajón de su escritorio, retirando, incluso, la imputación a Gorka Agirre (24 de octubre de 2008; Agirre fallecería en marzo de 2009).
Marlaska se lanzó, pues, a la aventura y programó un operativo policial para primeros de mayo para pillar con las manos en la masa a Elosúa, Agirre y demás. Ese operativo era un torpedo en la línea de flotación del proceso de paz que había emprendido Zapatero con el etarra '
Josu Ternera'.
El 'chivatazo' de dos 'maderos'
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El asombro de Grande-Marlaska se convirtió en ira cuando, proveniente de la Comisaría General de Información, escuchó el contenido íntegro de una grabación en un coche. El que hablaba era Elosúa, que le contaba a su cuñado con pelos y señales el chivatazo que recibió ese 4 de mayo de 2006 sobre que la Policía le estaba controlando y que no fuera a una cita prevista porque le iban a detener. Elosúa fue alertado por dos policías relacionados con las investigaciones contra el entramado financiero de ETA:
- “... Pero la ‘txakurrada’... avisarme de la forma que me ha avisado... Y encima diciendo que no diga que me han llamado”, le decía a su cuñado, entre otras cosas. [
Txakurra significa perro en euskera y así se refieren los etarras a los policías].
En la conversación quedaba claro cómo fue el chivatazo: un supuesto policía le abordó en la calle y le pasó un teléfono móvil. Al otro lado de la línea, otro supuesto policía, le avisaba para que no acudiera a la cita que tenía programada porque iba a ser detenido. Así se lo contaba a su cuñado:
- “Porque cuando me ha pasado a mí el teléfono... ‘A ver... ¡coge el teléfono, joder! A ver lo que te dice aquí’. Y me he puesto y me ha empezado a decir ‘buenos días’, no me decía quién era, ‘ya sabes cómo nos encontramos... eh... tengo que advertirte que el teléfono... ayer estuviste en una reunión... luego... el pelo blanco... el Burutxuri... eh... tienes cita hoy o mañana... que le vas a dar nueve botellas de vino’. Y yo sin saber con quién hablo, claro”. En definitiva, el policía le dijo a Elosúa que le avisaba de esta operación policial para favorecer el proceso de paz con ETA.
La primera decisión de Grande-Marlaska fue apartar a
Telesforo Rubio de la investigación y designar para la misma al inspector jefe
Carlos Germán, de la Unidad Económica de la Comisaría de Información; la segunda, iniciar las pesquisas para averiguar la identidad del policía que dio el chivatazo a los investigados, y la tercera, posponer las detención de Elosúa y otros, que no se producirían hasta el 20 de junio, cuando, en una operación conjunta de las policías española y francesa –en colaboración con la magistrada
Laurence Levert- fueron detenidas doce personas: cinco en España y siete en territorio francés.
El 1 de julio de 2006, Marlaska devolvió el Juzgado Central número 5 a su titular, Baltasar Garzón, que ya había regresado de su ‘viaje de estudios’ a Nueva York. Todos los asuntos, incluida la pieza separada del sumario 86/98 –la del chivatazo policial-, quedaron bajo el control de Garzón. Mucho se ha especulado sobre quién fue el policía que estaba al otro lado del teléfono móvil, un teléfono que se sabe que pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero hoy, más de tres años después, la pieza dormía el sueño de los justos en el cajón de Garzón...
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