"El Gobierno desea que esa capacidad de acuerdo se mantenga y pueda incluso ampliarse, especialmente en relación con los desafíos, trascendentales para nuestro futuro, que acompañan a la rápida conclusión de las reformas estructurales en marcha", dice una Comunicación gubernamental que peca, como en anteriores ocasiones, de una gran optimismo y de una absoluta falta de autocrítica.
En la Comunicación gubernamental para el debate sobre el estado de la Nación de los días 14 y 15 de julio y a la que
Diariocrítico ha tenido acceso, el Gobierno afirma que "ese acuerdo político" que
Rodríguez Zapatero va a reclamar a todos los grupos parlamentarios "es fundamental para reforzar la confianza internacional en la capacidad de España de recuperar cuanto antes el crecimiento económico y la generación de empleo". Y asegura que es fundamental, igualmente, "para fortalecer la confianza ciudadana en nuestras propias capacidades, y en nuestra irrenunciable voluntad de superar las dificultades para construir un futuro individual y colectivo mejor, más estable y más justo".
Según el Gobierno, este debate -el más importante del año, después del de los Presupuestos Generales del Estado- se plantea cómo una ocasión "particularmente idónea" para un gran pacto de Estado. "Con esta disposición", dice, "además de la de responder políticamente ante los grupos parlamentarios y ante la sociedad en general, lo afronta el Gobierno".
Absoluto optimismo, absoluta falta de autocrítica
Como ha ocurrido en anteriores ediciones, el Ejecutivo se muestra absolutamente optimista sobre la situación de nuestro país en todos los órdenes -incluido el económico, en el que, sin embargo, sí reconoce la gravedad del "rebrote" de la crisis- y, también, claro, muestra una absoluta falta de autocrítica sobre su gestión y obvia cuestiones de suma importancia o las reduce, en el mejor de los casos, a un mero enunciado, como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña.
En todo caso, el Gobierno afirma en su Comunicación al Congreso que todas las iniciativas de carácter económico adoptadas por el Ejecutivo en el marco de una "crisis extraordinariamente intensa y compleja", han constituido el núcleo central de su acción política y de impulso legislativo en el último año, y su voluntad es que "constituyan también el centro de la discusión en el próximo debate de política general".
Así, recuerda que la aprobación, con amplio consenso, de las normas para la implantación y desarrollo de la Oficina Judicial "constituye el presupuesto necesario para el cumplimiento del compromiso sobre la reforma de la Administración de Justicia más ambiciosa de nuestra historia democrática". O igualmente relevantes cita, en sus ámbitos respectivos, el Acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o los diversos cambios normativos vinculados con los derechos de los ciudadanos y sus garantías -asilo e inmigrantes-; las nuevas normas en materia de derechos de los militares o sobre el régimen disciplinario de la policía nacional; la ley de ampliación del permiso de paternidad; la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo -que obvia que el PP la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional; el nuevo Código Penal, o la Ley de Comunicación Audiovisual.
Y ese 'espíritu de consenso' lo quiso también el Gobierno en la oferta de un Pacto por la educación, "cuyos contenidos básicos, pese a la frustración del mismo, el Gobierno ya ha comenzado a llevar a la práctica".
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