En dichas providencias se señala que "no ha lugar" a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Consitucional, que señala que sus magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles".
Según informaron fuentes del alto tribunal, han dictado ocho providencias porque el escrito de la Generalitat, que llegó el miércoles, se refería únicamente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP; mientras que el que llegó esta misma mañana procedente del Parlamento de Cataluña solicitaba la declaración de incompetencia de los magistrados respecto de los ocho recursos interpuestos contra la norma estatutaria (por del PP, el Defensor del Pueblo y por las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia).
Según el escrito del Parlamento catalán, redactado por sus diez letrados la situación actual del alto tribunal "podría incluso llegar a calificarse como irregular o viciada", puesto que se quebrantan los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar su actuación.
El escrito indicaba que su solicitud de incompetencia "no es una táctica dilatoria del procedimiento", y ve anómala la actual composición del Tribunal, con cuatro miembros con mandato prorrogado desde 2007 y dos vacantes, una por fallecimiento y otra por recusación.
"Las condiciones que aseguran la independencia e imparcialidad del TC se han visto afectadas gravemente. La capacidad de juzgar objetivamente ha resultado menoscabada", argumenta el texto, que considera que el Alto Tribunal debe evitar cualquier sospecha en su actuación siendo escrupuloso al máximo.
La existencia de 'bloques' --"lo cual parece confirmarse cuando el alineamiento de unos magistrados con otros se repite a menudo, sea cual sea la cuestión sometida a su consideración"-- no es lógica, según la cámara, y podría inducir a pensar que existen criterios extrajurídicos en estas actuaciones, algo que el TC debe evitar.
También deberían ponerse límites a las filtraciones, ya que sus deliberaciones deben ser secretas, por lo que su difusión proyecta a la opinión pública la imagen de un Alto Tribunal "marcada por la politización, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana", se añadía.
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