Voluntarios de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real, denunciaron este lunes que se haya excluido al poblado del Gallinero del plan de emergencia aprobado para afrontar los destrozos de las lluvias de hace diez días, según informaron los miembros del colectivo.
Asimismo, reclamaron una intervención conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en el marco de un plan de acción integral que garantice los derechos humanos de su población. Estos voluntarios criticaron que, en su opinión, "se haya excluido del plan de emergencia a este poblado compuesto por 200 familias, entre las que hay unos 320 niños", al tiempo que apuntaron que "las principales ayudas están llegando de manos de particulares, y no de los poderes públicos".
En este sentido, afirmaron que la ayuda de organizaciones y asociaciones como Traperos de Emaús, Cáritas o Bomberos sin Fronteras ha sido fundamental para intentar recuperar la normalidad en el poblado.
La primera medida de urgencia, una vez bombeada el agua de la inundación, fue
proporcionar a las familias pañales, ropa y calzado, especialmente, a los niños, así como material escolar y un paquete de alimentos de emergencia por familia.
Los voluntarios de la parroquia denunciaron que "la insuficiente respuesta de las Administraciones municipal y autonómica impide realizar una verdadera recuperación de las condiciones mínimas de habitabilidad del poblado de chabolas". En este sentido, pusieron como ejemplo el problema de salubridad que se vive en la zona debido a la proliferación de ratas, ya que según relataron, "una de las ratas mordió a una señora mientras dormía".
Por lo tanto, reclamaron que de desarrolle una actuación de emergencia al igual que se ha realizado en otras zonas afectadas por las lluvias y que "se garanticen la educación, la higiene, la vivienda y el trabajo" para estos colectivos.
Según los voluntarios, sólo 44 de los 320 niños que, aproximadamente viven en este poblado, acuden a centros educativos de la zona, y eso gracias, de nuevo, al trabajo de los voluntarios y a la colaboración de los profesionales de los propios centros, apostillaron.
Por ello, instaron a los poderes públicos a "afrontar un plan de integración de la población, a través del Instituto de Realojo e Inserción Social (IRIS), que resuelva los problemas fundamentales ligados a la higiene, a la vivienda, a la búsqueda de empleo y a la educación".
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