Aguirre se defenderá "lo mejor que pueda" de la querella de CGT

Ya en el pleno, tanto la presidenta como el grupo parlamentario del PP expresaron su completo apoyo y respaldo al trabajo de Juan José Güemes al frente de la Consejería de Sanidad ante la que aseguraron es una campaña de "acoso", que se materializa en protestas de los trabajadores cada vez que el consejero visita un hospital.

Aguirre aseguró que Güemes ha sufrido "agresiones y vejaciones" que de forma "impresentable" no han sido condenadas y sí "legitimadas" por la oposición, con acciones como la del Ayuntamiento de Rivas, que fletó autobuses "con cargo al presupuesto municipal" para que los vecinos se manifestasen contra el consejero.

Tanto Adolfo Navarro, que actuó como portavoz del PSOE en sustitución de Maru Menéndez, como Inés Sabanés, portavoz de IU, se desmarcaron de las acusaciones de Aguirre y, en nombre de su formación, recordaron que condenan "cualquier tipo de violencia". Eso a pesar de que, apuntaron desde ambas formaciones, la Fiscalía de Madrid haya archivado el caso de Güemes en el Puerta de Hierro por considerar que no existió agresión alguna. A pesar de ello, los policías presentes aseguran que detuvieron "un intento de agresión".

Navarro fue más duro asegurando que Güemes "se ha ganado en parte" las protestas que recibe "por no atender las demandas de los ciudadanos" y entregar a empresas privadas la gestión de la Sanidad. Sabanés ironizó desde su escaño sobre que Aguirre y su consejero pidan resolver las diferencias "con diálogo y en base a los usos democráticos" cuando Güemes demanda y no se reúne con los representantes de los trabajadores, los sindicatos, y la oposición.

"Mentiras" de la izquierda en Sanidad
Para el responsable de la Sanidad madrileña, las acusaciones de privatización de PSOE e IU son "mentiras y más mentiras" de la izquierda, que en otras comunidades como Andalucía o el Ayuntamiento de Parla -gobernado por el secretario general del PSM, Tomás Gómez- tienen muy extendida la "colaboración público-privada".

Güemes pidió una vez más al Estado que no acabe con los convenios de las entidades colaboradoras en la Sanidad, que llevarán al sistema público 200.000 usuarios más "sin financiación". A pesar de no pronunciarse sobre las denuncias de CGT, reiteró su petición a la Fiscalía de que investigue los últimos "sabotajes" en los hospitales.