Un juez estadounidense congela las inversiones de los fondos de pensión argentinos

El juez de la Corte del Distrito Sur de Manhattan Thomas Griessa adoptó esta decisión, que afecta a 10 empresas privadas convertidas en estatales por la presidenta, Cristina Fernández, y a "dinero, depósitos, propiedad inmueble, instrumentos, garantías, títulos de garantía, cuentas de seguridad, reclamos, derechos contractuales e intereses", entre otros aspectos.

   La resolución de Griesa llegó tras recibir la petición de los abogados representantes de Aurelius Capital Partners, Blue Angel Capital y Aurelius Capital Master, que llevan más de tres años en disputa con el Estado argentino para recuperar deudas. "Pedimos y obtuvimos la orden de congelar los activos", celebró uno de los tres letrados demandantes, Barry Ostrager.

   Fernández ha dejado en manos del Parlamento la decisión de su Gobierno y, si la iniciativa prospera, pondrá fin a un sistema iniciado en 1994 y que gestiona un montante de 25.000 millones de dólares (casi 20.000 millones de euros). Parte de esta cantidad, concretamente las inversiones en Estados Unidos, podrían ir a parar al bolsillo de algunos acreedores que quedaron fuera del canje de deuda pública fijado en 2005.

   Medios argentinos señalaron que de los 1.400 millones de dólares que estas compañías tienen invertidos en el exterior, la medida afecta a alrededor de 554 millones localizados en Estados Unidos, si bien se desconoce la cantidad total allí destinada. Precisamente el Gobierno ya ha ordenado la retirada de unos 500 millones de dólares invertidos en Brasil.

No es definitiva

   No obstante, esta decisión no es definitiva de momento. El próximo 6 de noviembre, representantes de Buenos Aires presentarán sus alegaciones ante el tribunal y entonces el magistrado fijará una solución a las disputas.

   Desde Buenos Aires, el director general de la Superintendencia de las AFJP recalcó que los activos "no pertenecen al Estado nacional, sino que son administrados por las AFJP con un destino exclusivo, que es servir a las prestaciones previsionales". En este sentido, apenas conocida la medida del juez de Nueva York, el Gobierno convocó a los directivos de las administradora y les comunicó que les corresponde organizar su estrategia de defensa contra el embargo.