Los datos sobre la inmigración en España con los que trabajan los sindicatos y el PP son escalofriantes: significan que, con papeles o sin papeles, casi el 14 % de la población que vive en España es inmigrante: es decir, uno de cada siete habitantes proviene de fuera. Cuando la economía está calmada puede haber trabajo para todos. El problema es cuando se entra en recesión. ¿Qué ocurrirá entonces? Ésa es la gran interrogante que se plantean en estos momentos partidos políticos y agentes sociales.
El momento no es bueno en ningún sentido, por lo que el PP ha presentado una proposición para modificar la Ley de Extranjería en unos puntos básicos: prohibición por ley de las regularizaciones en masa como las llevadas a cabo por el Gobierno socialista; replanteamiento del ‘arraigo familiar’ o, lo que es lo mismo, del reagrupamiento, e incidir especialmente en que los contratos de trabajo se establezcan en origen. También incluye esta proposición algunos derechos reconocidos a los inmigrantes por sentencia del Tribunal Constitucional, como la supresión del actual texto de la exigencia de contar con
“autorización de estancia o residencia en España” para ejercer derechos como el de reunión, asociación o sindicación.
El Gobierno de las regularizaciones
La proposición del PP ha sido presentada este jueves por el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso,
Alfonso Alonso, y el portavoz de Inmigración,
Rafael Hernando, ante la
“política errática, sin control y sin capacidad de tomar la iniciativa y dar respuesta” por parte del Gobierno de Zapatero al fenómeno de la inmigración.
Según los datos aportados por el PP, la política que el Gobierno de Zapatero está llevando adelante
“es una política de regularización masiva que realiza además de forma encubierta”. En este sentido, Alonso y Hernando criticaron que el ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, “
que aparentemente quería mantener un discurso distinto, en los últimos tres meses ha dado 330.000 tarjetas de residencia”.
Cifras cantan, según el PP: después de la regularización masiva del Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2005, en 2007 se habría regularizado a unos 700.000 inmigrantes, y en lo que llevamos de año habrían obtenido la tarjeta de residencia al menos 550.000 personas. Son datos extraídos por el PP de las memorias oficiales, que señalan que en España hay alrededor de cuatro millones y medio de inmigrantes regularizados y otro millón y medio entre ‘ilegales’ y procedentes de la reagrupación familiar.
Descontrol y desbordamiento
Para Alfonso Alonso y Rafael Hernando, “
esta situación tiene que cambiar y debe ser protegida la inmigración legal en España”. A los extranjeros que residen entre nosotros “
debe dárseles una certeza, una expectativa cierta y tenemos que ser capaces de ofrecer integración”, señalan, afirmando también que el Gobierno de Zapatero
“es incapaz de dar y es incapaz de ofrecer” una respuesta a este asunto porque está
“absolutamente desbordado por las circunstancias de una situación francamente complicada en nuestro país”.
El PP reprocha especialmente al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho,
“que ni siquiera se atreve a dar la cara con los datos del paro ni con la realidad de la inmigración” y que aún no haya acudido al Parlamento a
“explicar su política”. Le exige
“pasar de las declaraciones de intenciones y de las declaraciones de tertulias más o menos vagas, a la acción y a la iniciativa”. Así, con esta Proposición de Ley, el PP quiere dar un giro de 180º a la política de inmigración en España, “
donde hay caos, descontrol y desbordamiento”.
La ‘nueva’ Ley
Según el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, “
la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país no es responsabilidad de aquellos que vienen en busca de una oportunidad, sino del Gobierno, que es quien tiene que hacer una política de control y orden de este fenómeno”. Según Hernando,
“si el Gobierno socialista sigue haciendo lo que está haciendo, el fenómeno seguirá desbordándose y los que vienen crearán problemas a los españoles y a los inmigrantes que ya están aquí y que tienen la necesidad y la oportunidad de buscarse un futuro mejor entre nosotros”.
Así, el primer objetivo que plantea la reforma que quiere el PP es la aplicación de medidas para favorecer el contrato de integración,
“que es un elemento positivo” y que hay que regularlo de tal forma que
“la persona que ya lleva un año aquí y accede por segunda vez a la renovación provisional de su permiso de residencia firme su contrato”, un contrato por el cuál el Estado y las Administraciones
“se obligan a garantizar los derechos del inmigrante, pero en el que también existe un compromiso por parte de esa persona de respetar nuestras leyes, nuestros derechos, nuestros usos y nuestras normas”. Algo que ya pidió el PP en la pasada campaña electoral.
El PP quiere combatir el
“efecto llamada” y el
“efecto anuncio”: es un sinsentido, dicen, que
“estemos pretendiendo que se vayan 30 personas al día de nuestro país mientras estamos regularizando a más de 3.000 personas diarias. Esta no es la forma de ordenar y organizar este fenómeno”.
Otras prioridades de la reforma de la ley de Extranjería que propone el PP son controlar la entrada y controlar la inmigración ilegal:
“hay que cambiar los sistemas de entrada y regularización que en estos momentos están vigentes, que son el reagrupamiento familiar, el arraigo y la contratación en origen”. Se trata de limitar la reagrupación de los ascendientes, condicionándola a que estén aquí o a que los reagrupantes que reagrupan a sus ascendientes sean personas que tengan el permiso de residencia permanente, y también eliminar el reagrupamiento en cadena sin fin,
“que es lo que en estos momentos ha desbordado la figura del reagrupamiento familiar tal como fue concebida”.
Además, el PP ha solicitado que el Gobierno presente a las Cortes
“un informe sobre el desarrollo de otras dos figuras importantes: el arraigo y el contrato en origen”, para que los inmigrantes
“lleguen con un contrato debajo del brazo a nuestro país y no en pateras o a través de otras fórmulas”.
La Proposición de Ley del PP también amplía los mecanismos de lucha y disuasión contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con seres humanos:
“El Gobierno no está expulsando a casi nadie y eso lo saben las mafias que trafican con inmigrantes”, dice Hernando. En el PP se quiere que, en el caso de que se necesiten más de los 40 días previstos en la ley para proceder a la devolución de esas personas a sus países de origen, haya un plazo adicional de otros 30 días:
“Pero insistimos en que el inmigrante ilegal tiene que ser expulsado cuanto antes porque lo dice la ley”.
Si (
No(
