La crisis global en curso, de la cual aún no puede estimarse con precisión su duración y profundidad, es la más grave - en términos de empleo y producción- y de mayor extensión territorial desde la Gran Depresión de 1929. De aquella crisis, también originada en uno de los centros del poder económico, los gobiernos han extraído algunas lecciones. La primera se relaciona con el reconocimiento de que debe existir, en los sistemas financieros, un prestamista de última instancia que provea liquidez frente a tensiones ya que –está visto- en esos mercados los ajustes no son automáticos.
Otra enseñanza es la que reconoce que la política monetaria siendo imprescindible no es suficiente y debe ser complementada con políticas fiscales capaces de incentivar la demanda agregada.Finalmente, para no reincidir en los errores de la Gran Crisis del siglo pasado, las acciones coordinadas entre los países buscan dar cuenta de una necesidad: la de proveer liderazgo político.
En este contexto debe verse la última reunión del llamado Grupo de los 20 (G 20). El G 20 es el resultado de una decisión de los lideres políticos de los países centrales nucleados en el G 7 con el propósito de incluir a nuevos actores en ocasión de las crisis financieras que afectaron en los años noventa a México y Argentina ( 1995) y a las cinco economías del sudeste asiático en 1997-98.. En el diseño original el G 20 estaban reservado a los responsables de las áreas de finanzas de los países miembros. La magnitud de la crisis actual condujo a la participación directa de los Jefes de Estado y Gobierno de esos países.
En el encuentro que tuvo lugar en Washington DC hace menos de un mes se suscribió, por consenso, un extenso y fundamentado documento que presenta un diagnóstico de las causas de la crisis y formula precisas declaraciones de principios al tiempo que desarrolla un plan de trabajo con medidas inmediatas y a mediano plazo.
En la consideración de los Jefes de Estado y Gobierno las causas profundas de la crisis actual residen en que “las autoridades, reguladores y supervisores de algunos países desarrollados no apreciaron ni advirtieron adecuadamente los riesgos que se creaban en los mercados financieros, no siguieron el ritmo de la innovación financiera ni tomaron en cuenta las ramificaciones sistémicas de las acciones regulatorias locales”.
En la convicción de los líderes políticos signatarios del documento, que representan un abanico de posiciones ideológicas, “las reformas solo tendrán éxito si se basan en un compromiso con los principios del libre mercado, incluyendo el imperio de la ley, respeto a la propiedad privada, inversión y comercio libre, mercados competitivos y eficientes y sistemas financieros regulados efectivamente” ya que “estos principios son esenciales para el crecimiento económico y la prosperidad y han hecho que millones de personas abandonen la pobreza y han contribuido significativamente al aumento de la calidad de vida en el mundo”.
Para el juicio de los Jefes de Estado y Gobierno del G-20 resulta de “importancia vital rechazar el proteccionismo” para lo cual se comprometen a “abstenerse en los próximos doce meses a imponer barreras al comercio de mercancías y servicios o imponer nuevas restricciones a las exportaciones”, además de proponer “esforzarnos para llegar este año a un acuerdo para cerrar la ronda de Doha de la OMC”. Al mismo tiempo, reclaman que el FMI “debería realizar una imparcial y vigorosa auditoria sobre todos los países”
El plan de trabajo convenido por los gobernantes para aplicar los principios acordados establece medidas de acción específica de ejecución inmediata, antes del 31 de Marzo de 2009, así como otras de instrumentación en el mediano plazo.
Entre las medidas inmediatas para promover la integridad de los mercados financieros se destaca la de reclamar que las “autoridades regionales y nacionales deberían revisar las reglas de conducta para proteger a mercados e inversiones especialmente contra la manipulación del mercado y el fraude y afianzar su cooperación transnacional para proteger el sistema financiero internacional de actores con comportamientos ilícitos”.
Es difícil pensar que, en caso de ser invitado a la reunión de Abril del año próximo, nuestro Gobierno pueda argumentar que - entre muchas otras- el Régimen de Exteriorización y Repatriación de Capitales remitido a la consideración del Congreso el 25 de Noviembre sea consistente con lo firmado en Washington DC diez días antes.
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