Alrededor de las 05.00 del miércoles 10 de septiembre, la válvula 3 del gasoducto Yacuiba-Río Grande sufrió un incendio por causas que todavía están en averiguación.
Los dos son acusados de terrorismo, asociación delictuosa y daños a la propiedad pública.
Ayer en una conferencia de prensa ofrecida en el recinto carcelario de San Pedro, el depuesto Presidente del Comité Pro Intereses de Tarija y el cívico villamontino Gonzalo Salazar afirmaron que efectuaron ya sus declaraciones ante la Fiscalía, sobre las que no quisieron abundar en detalles. Durante la rueda de prensa, Bayard leyó unos apuntes que llevaba consigo en varios papeles.
Ninguno quiso confirmar la eventual participación del Prefecto en el daño al ducto y en reiteradas oportunidades argumentaron que este tema está inserto en las declaraciones que prestaron ante las autoridades del Ministerio Público.
Bayard aclaró que no hizo un acuerdo con el Gobierno para poner a través de sus declaraciones en evidencia a Cossío, pues su intención es que el caso se aclare completamente y que, en tal sentido, prestará su colaboración a la justicia.
Pidió a Cossío que “no haga campaña política por nuestra desgracia. Nadie me ha presionado para hacer mis declaraciones, las hice de manera consciente, sin presiones psicológicas o físicas, y si tengo que ratificar mis declaraciones, lo voy a hacer, porque estoy aportando para que esta situación se pueda esclarecer, para contribuir con la ley, y si es que la ley nos da la responsabilidad, vamos a asumir la consecuencia, pero de manera consciente, porque lo que hemos hecho es defender los sagrados intereses de mi departamento”.
Informó que el 30 de septiembre, el día siguiente al de la detención de José Vaca, el primero de los cívicos chaqueños aprehendido por el Gobierno, se reunió con el Prefecto tarijeño para plantearle que se trasladaría a La Paz para someterse a la acción de la Fiscalía, pero que Cossío le prohibió formular declaraciones y le recomendó huir, “porque de lo contrario me iba a retirar su apoyo”.
Durante dos meses y medio, él y Salazar anduvieron errantes por el monte en la región chaqueña hasta ser detenidos, el jueves 27 de noviembre por la tarde, en San José de Pocitos.
Las fuerzas de seguridad lograron el arresto gracias a informes de Interpol Argentina y datos proporcionados por un parlamentario de Tarija hasta hora no identificado, de acuerdo con publicaciones de prensa.
En su primer contacto con el periodismo, el martes 2, Bayard, entre lágrimas, se lamentó: “En qué maldita hora he llegado al Comité Cívico de Tarija”, pero ayer se disculpó con el “pueblo de Tarija”, pues “no maldije a la organización, sino a sus dirigentes”, a los que acusó de abandonarlo.
Mientras Bayard explicaba su adhesión a la lucha cívica regional, Salazar tomó la palabra para referir que ambos se sienten presos de la Prefectura de Tarija, pues los alegatos del abogado contratado por esa institución, Alberto Morales, les impiden ser juzgados y reiteró que la investigación determinará su nivel de acción en la movilización.
Salazar aclaró que Morales no es su defensor, función que desempeña el letrado Eduardo Plaza, quien explicó que, si bien la legislación permite a un ciudadano someterse a un proceso de esta naturaleza al admitir su culpabilidad, dejará que la justicia determine el grado de responsabilidad de sus representados en los hechos investigados.
Consultado en torno a la participación del Prefecto en el atentado, Salazar respondió: “No seré yo el que lo diga, pero la justicia lo va a decir, las declaraciones están. Tendrían que ya salir a la luz pública y ustedes van a sacar sus conclusiones”.
“Cuántas reuniones hemos tenido con el prefecto y con las demás autoridades. Entonces hay harta tela que cortar”. Cuando se le preguntó si Cossío debería ser detenido, titubeó unos instantes antes de responder: “¿Por qué no?”, mientras, a su lado, Bayard asentía con la cabeza.
“Queremos ir a un juicio abreviado y colaborar con la justicia”, pero no lo pueden hacer, porque “ese abogado”, en alusión a Morales, “recusa jueces” y no permite que avance la causa.
“Nos utilizaron cuando nos necesitaron”, señaló en referencia a las autoridades prefecturales, “y después nos echaron a la basura”, aunque admitió que la actuación de los cívicos regionales en “los hechos (es) por convicción, no por paga o por terrorismo”.
Plaza deploró que sus defendidos no puedan comparecer ante un juzgador, pues “hemos sufrido la recusación de nueve jueces e inclusive llegamos a la ciudad de El Alto”, pero un fallo de ayer permitirá que esta causa avance con mayor celeridad.
“La justicia determinará la responsabilidad que les cabe a ellos, pero nosotros presentamos elementos objetivos para el desarrollo del proceso”.
El fiscal Félix Peralta dice estar sorprendido
Con sorpresa reaccionó ayer el fiscal Félix Peralta al conocer que Reynaldo Bayard y Gonzalo Salazar decidieron someterse a proceso abreviado dentro de la causa que se les sigue como consecuencia de la presunta voladura de la válvula 3 del gasoducto Yacuiba-Río Grande. “Si se van a acoger a proceso abreviado, admiten su responsabilidad en los hechos que se les imputan y es importante apuntar que lo hacen por su libre voluntad”.
Sin embargo, señaló que el caso será tratado con las pruebas que aportará el Ministerio Público y las declaraciones de los procesados.
Peralta no quiso formular una apreciación de la condena que podrían sufrir.
El Código Penal establece penas de ocho a 15 años de reclusión por terrorismo. La asociación delictuosa es un agravante de la comisión de otros delitos, en tanto que el daño a la propiedad pública es consecuencia de otra falta, por lo que su resarcimiento es material y se calcula en días de multa. Al cooperar con la justicia, pueden recibir un tercio de la pena mínima, que en este caso sería de dos años y medio, por lo que podrían acogerse al perdón judicial o la suspensión condicional de la sentencia.
La Prefectura denuncia un plan para inculparla
A la Prefectura de Tarija no le preocupan las acusaciones de Reynaldo Bayard y el villamontino Gonzalo Salazar, quienes negaron que hubieran sido presionados por autoridades del Gobierno y peor que exista un “pacto político”, pero no aclaró la denuncia, lanzada en La Paz, de que Mario Cossío pidió huir de Tarija al principal dirigente cívico tarijeño.
El asesor general de la Prefectura, Adrián Oliva, dijo que las declaraciones de Bayard guardan relación con un plan montado para inculpar a las autoridades prefecturales en los supuestos hechos violentos de septiembre.
El secretario general de la Prefectura, Mauricio Lea Plaza, rechazó de manera categórica las acusaciones de Bayard vertidas a los dos días de que el prefecto Cossío develara una “estrategia gubernamental” para inculpar a más dirigentes y a la primera autoridad del departamento.
Afirmó que todas las acciones e intervenciones del Prefecto de Tarija durante el proceso de defensa de las regalías y el IDH han sido públicas y transmitidas por los medios de comunicación.
Algunos hechos
La válvula 3 del gasoducto Yacuiba-Río Grande se incendió la mañana del 10 de septiembre.
El Gobierno asegura que esa acción fue parte de una intentona golpista.
Los principales acusados aceptan el juicio corto, por lo que se declaran culpables.
Si (
No(
