Interponen recurso de protección por Registro de ADN

El partido mapuche Wallmapuwen, con el patrocinio del Observatorio Ciudadano, presentó esta mañana ante la Corte de Apelaciones de Temuco, un recurso de protección a favor de Julio Marileo, profesor de educación básica, condenado a 3 años y un día de pena remitida por el incendio que afectó hace algunos años al fundo Santa Ana cercano a la localidad de Collipulli.

La sentencia de Marileo, quien ya cumplió la condena, se basó en las declaraciones de un testigo que permanecido incomunicado durante 14 días, que se desdijo de sus dichos y que finalmente fue diagnosticado por trastornos de personalidad. 

Al igual que otros mapuches imputados y/o condenados por delitos vinculados a las reinvindicaciones territoriales, en enero último Julio Marileo fue contactado por Gendarmería para que se sometiera al examen de sangre que lo consignará en el Registro Nacional de ADN.
 
El controvercial registro fue creado mediante la Ley N° 19.970 de 2004, cuyo reglamento fue aprobado en noviembre del año pasado, con el fin de apoyar las investigaciones criminales. Diversos organismos de derechos humanos nacionales y extranjeron han denunciado que dicho registro constituye una violación a la privacidad de las personas, derecho protegido por el artículo 19 de la Constitución Política ya que la información genética pertenece a la esfera privada.

Se trata de la primera vez que se aplica esta ley, y consistirá en archivar muestras sanguíneas y huellas dactilares de ciudadanos mapuches vinculados al movimiento indígena y que han sido imputados y/o codnenados. Las muestras son tomadas por equipos de Gendarmería y del Registro Civil.

El Registro Nacional de ADN consta de cinco registros distintos: condenados, imputados, evidencias y antecedentes, desaparecidos y sus familiares, y víctimas.  Sólo el registro de condenados permitirá ingresar a la plataforma tecnológica del Estado a más de 41 mil personas partícipes de eventuales delitos criminales.

El director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, indicó que éste "es un instrumento policial y científico que se enmarca en la política de gobierno para proteger a las víctimas de la delincuencia", en un esfuerzo coordinado del SML y el Ministerio de Justicia, con Gendarmería, las fiscalías, Policía de Investigaciones y Carabineros.

Según Bustos, este sistema permitiría "con absoluta certeza científica la identificación de un potencial sospechoso de hechos ilícitos por medio de la comparación de su padrón genético y el perfil de ADN de muestras biológicas (evidencias) recogida en el lugar de los hechos. Asimismo, el sistema permitiría bajo estándares de control internacional y altas medidas de seguridad, la identificación de personas desaparecidas y víctimas de delitos".

La tecnología utilizada se basa en el software denominado Combined DNA Index System (CODIS o Sistema Combinado de Índice de ADN), desarrollado por el FBI en Estados Unidos, y proporcionado a Chile tras un convenio de cooperación firmado por el Ministerio de Justicia y la entidad norteamericana en 2003. Para la correcta operación de los registros se destinaron más de mil 200 millones de pesos en tecnología, preparación de profesionales, y capacitación, entre otros.

Una millonaria inversión para un sistema de "control social" no exento de polémica en el mundo. A juicio del abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, "es necesario discutir más a fondo las implicancias de esta ley, ya que puede considerarse una violación a los derechos humanos. Debieran visualizarse los verdaderos propósitos de esta intervención, ya que a mi juicio es una violación a la intimidad esto de tener un registro biológico de las personas. No olvidemos que estas prácticas fueron muy utilizadas por los nazis".

En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, condenó a Inglaterra por conservar fichas genéticas de sospechosos absueltos de delitos, argumentando que el derecho a que se respete la vida privada quedaría "debilitado de forma inaceptable si se autorizara, sin importar el precio y sin calibrar, las ventajas del uso de técnicas científicas modernas en el sistema de la justicia penal". El fallo coincidió con la presentación de un Informe del Consejo de Europa, que alertaba sobre la vulneración de derechos humanos en procedimietnos semejantes.

"Numerosos gobiernos han tomado decisiones en materia de seguridad que atentan contra los principios básicos de los derechos humanos", desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, apuntó la entidad europea. "Se ha comprometido la libertad en la lucha contra el terrorismo", afirmó el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ello tras la publicación del informe titulado "Protegiendo la vida privada en la lucha contra el terrorismo".

El texto recuerda, entre otros, la práctica del Reino Unido de tomar muestras de ADN a cualquier persona arrestada. En Francia y España, por su parte, polémicos han sido los intentos de los organismos gubernamentales por empadronar -de forma legal y en otros casos 'anónimamente'- el ADN de jóvenes independentistas vascos, así como el de inmigrantes provenientes del norte de Africa y Latinoamérica. Alertó el Consejo de Europa que prácticas similares se repiten con frecuencia en muchos países. "El ciudadano no tiene elección sobre el suministro de esa información y esa obligatoriedad es cada vez más internacional", subrayó.

"La vigilancia general acarrea serios problemas democráticos, que no quedan contestados con la repetida afirmación de que el que no tiene nada que temer no tiene nada que ocultar", aseguró Hammarberg, quien destacó que "un gran número de personas inocentes son objeto de vigilancia, acoso, discriminación, arresto o algo peor". A juicio de la entidad, "en la lucha contra el terrorismo y el crimen, los estándares y principios de los derechos humanos no deben ser abandonados, sino reafirmados por los gobiernos y sus instituciones".

"La relación -agregó el Informe- entre diferentes cuerpos de seguridad y servicios secretos puede potencialmente minar la justicia de los procesos legales contra personas acusadas de estar implicadas en el crimen organizado o terrorismo" ya que los tribunales, cada vez más, permiten pruebas secretas o testigos secretos como base para una condena. Tal es el caso de Chile, donde se han registrado bullados casos de irregularidades en juicios y violaciones al debido proceso de ciudadanos mapuches y otros acusados de delitos contra la propiedad.