Este día, comienza el período oficial de 45 días para la campaña electoral. Los comicios de abril tienen dos novedades en relación con elecciones generales precedentes: que se realizan bajo las nuevas normas vigentes de la Constitución de Montecristi y que cuentan con la participación del presidente de la República como candidato a la Presidencia.
La Constitución garantiza la promoción electoral equitativa e igualitaria. En tal virtud, la publicidad en prensa, radio, televisión y vallas se realiza solo con financiación estatal. El artículo 115 prohíbe "el uso de recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral".
Al menos en esta etapa, el Consejo Nacional Electoral se halla obligado a hacer cumplir con rigor la norma constitucional a todos los candidatos.
La experiencia vivida hasta el momento evidencia que se burla el espíritu de la ley en el sentido de propiciar la participación igualitaria de todas las candidaturas, condición básica de una competencia electoral democrática.
El Gobierno anticipó la campaña con un spot publicitario, del que se han retirado las imágenes del presidente Correa, pero cuya exhibición en la televisión continúa. Más aún, el manejo publicitario gubernamental durante los casi 26 meses de ejercicio del poder representa, sin duda, una inmensa ventaja en relación al resto de candidaturas. La utilización de la maquinaria del poder en beneficio del presidente candidato es un riesgo tanto más peligroso cuanto más débiles son las instituciones de la democracia.
Por supuesto, un similar razonamiento obliga a vigilar y aplicar de forma severa las normas vigentes en el caso de alcaldes y prefectos que se han postulado a la reelección. Las autoridades electorales tienen la primera responsabilidad en garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria.
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