La esposa, la cuñada, dos hijos y un sobrino de Cárdenas fueron golpeados el sábado después de ser desalojados de su casa en Sank’ajawira.
Representantes de los “ponchos rojos” visitaron ayer la Cámara de Diputados y declararon, según ANF, que “a partir de la fecha, nadie ingresa a Omasuyos, ni el fiscal ni la Policía. Omasuyos tiene su propio fiscal, su propia Policía. Los fiscales primero tienen que leer los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución”.
El dirigente Justino de la Cruz afirmó que la decisión de los comunarios responde a promesas que Cárdenas no cumplió en su condición (en la primera gestión de Sánchez de Lozada) de Vicepresidente, como la construcción de un hospital, canchas de fútbol y otras obras en la región.
De la Cruz expresó: “La provincia Omasuyos se declara territorio libre y jurídico, se ha actuado de acuerdo con la Constitución Política del Estado”.
La ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, Jimena Alejandro, según ABI, alegó: “La toma de la vivienda es consecuencia de que Cárdenas es un traidor a su raza, porque nunca ha cumplido con sus compromisos estando en el poder”.
Germán Arteaga, otro “poncho rojo”, confirmó que en la región se declaró “estado de sitio amukim (en silencio)”.
Los comunarios aseguraron que la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas fue expropiada por no cumplir la función social establecida en la nueva Constitución, y convertirla en una “casa de ancianos”.
Otro dirigente del sector sostuvo que los campesinos están dispuestos a pagar por la expropiación del inmueble, aunque para ello será necesario que éste participe en un ampliado para ofrecer explicaciones sobre sus acciones recientes.
Cárdenas respondió que nada tiene que hablar y que todo el asunto está a cargo del equipo jurídico que lo asesora.
“Los abogados se encargarán de los pasos siguientes”. El ex Vicepresidente confirmó que ayer presentó la querella formal en la Fiscalía “contra todos los que resultaren autores directos e indirectos y cómplices” de la toma de su inmueble y las agresiones a sus allegados.
La ex autoridad dijo que sus parientes todavía se recuperan de las lesiones en el Hospital Arco Iris, pero no del trauma psicológico y estima que en las siguientes horas recibirán el alta.
Los campesinos se mantienen, entretanto, en estado de apronte en inmediaciones de la casa de campo y reiteraron que no será devuelta a su dueño.
El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, señaló que la vivienda en Sank’ajawira es resguardada por la Policía y que en los próximos días se extenderán las notificaciones a los presuntos responsables del hecho.
El fiscal adscrito a la investigación, Gregorio Blanco, requerirá videos a los canales televisivos que captaron imágenes, así como fotografías a los medios impresos, del ataque a la familia Cárdenas para identificar a los autores de los hechos de violencia, que serán procesados. La única vez que Blanco y los investigadores entraron en Sank’ajawira fue la tarde del domingo, pero los comunarios les respondieron de manera “tranquila” que tienen su propio fiscal para las labores propias del Ministerio Público.
Otros pronunciamientos
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció y condenó la “desenfrenada” actitud de los campesinos de Huatajata, quienes a chicotazos y amenazas impidieron trabajar el lunes a los periodistas de La Paz.
El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, optó por la cautela y dijo que espera que se reúna el próximo ampliado de las nueve comunidades de los municipios Cordillera y Lago de la provincia Omasuyos antes de pronunciarse sobre el particular.
La autoridad aclaró que el Movimiento Al Socialismo no participó en esta toma, que fue decidida por los campesinos.
El ex presidente Carlos Mesa expresó su repudio a la ”acción vandálica” que sufrió la familia Cárdenas Catari y ha advertido de que el Gobierno conduce al país a vivir una “inaceptable” situación de avasallamiento a los derechos humanos de las personas.
“Esta condena además quiere sumar otra idea, la preocupación por la actitud del Gobierno, que en vez de condenar estas acciones las justificó. No es tolerable que un ciudadano cualquiera sea sujeto a acciones vandálicas y violentas y no haya Policía, menos sistema judicial que lo proteja”.
La agencia ANF informó que a través de internet la condena por este hecho se expandió ayer con la masiva propagación de correos electrónicos, que sumó unos 50.000 envíos, en tanto que en la red social Facebook se apuntaron cerca de mil personas a las cuatro horas de haberse habilitado.
Polémica oficialista
El senador del Movimiento Al Socialismo Antonio Peredo explicó, según ANF, que en este momento “no hay una expropiación por parte del Gobierno” y que esta figura se inicia cuando el Estado declara “necesidad pública” de un determinado predio. “Ésta es una decisión de las organizaciones sociales, pero hay un resguardo de la Policía”. “El allanamiento es legal con orden de un juez y fiscal, pero esto no ocurrió”.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, dijo: “No es posible que cualquier cosa que pasa en el país directamente le culpan al Movimiento Al Socialismo, entonces, en la investigación que digan quiénes son los responsables, ojalá que las autoridades del Ministerio Público investiguen”.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, admitió que la protección policial enviada el sábado por la mañana a la casa de Cárdenas es insuficiente.
“La Patrulla Caminera tiene vehículos que están en permanente recorrido y cada uno de los equipos tiene alrededor de cinco efectivos. En toda el área tenemos dos equipos; pero lo que hicieron los campesinos es ilegal y no vamos a permitir que se viole la propiedad privada”, sostuvo.
Las posiciones críticas de los masistas contrastaron con la justificación de Evo Morales y Álvaro García Linera a la toma violenta del bien inmueble y el ataque a la familia de Cárdenas en Sank’ajawira.
El diputado masista Gustavo Torrico se sumó a la posición de los mandatarios y criticó al ex Vicepresidente.
Señales
El 18 de noviembre 11 personas fueron quemadas vivas y torturadas en Achacachi.
Los 11 sujetos fueron sorprendidos en flagrancia mientras atracaban a pobladores.
Dos presuntos delincuentes murieron y nueve quedaron severamente heridos.
La Fiscalía no pudo ingresar en el lugar para hacer investigaciones y hubo un pacto de silencio.
Hasta ahora, los nueve presuntos atracadores siguen detenidos preventivamente.
En noviembre de 2007, comunarios de Achacachi degollaron a dos perros.
Cada animal muerto había sido bautizado con el nombre de prefectos opositores.
El hecho ocurrió poco antes de concluir las labores de la Asamblea Constituyente.
Ese sacrificio de animales mereció la condena de organizaciones ecologistas.
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