Rosales fue acusado este jueves por la fiscal 11 con competencia nacional, Katiuska Plaza, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Asimismo, se solicitó que se aplicara dictara privativa de libertad en su contra.
Durante el programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, la máxima representante del Ministerio Público indicó que le llamó la atención que algunas personas a través de medios de comunicación hayan hecho llamados a alterar el orden público y si bien las calificó de situaciones aisladas, considera que deben ser tomadas en cuenta.
Por ello, no descartó que, ante situaciones violentas, se analice alguna de esas figuras jurídicas (radicación o avocamiento) para que juicio prosiga en un lugar distinto al estado Zulia.
Ortega Díaz calificó de inusual el que por cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes se pretenda alterar la paz ciudadana. Aunque insistió en que pareciera algo aislado, le preocupó la agresión sufrida por periodistas del canal Ávila TV.
Aclaró que la decisión sobre el avocamiento o la radicación de la causa, es competencia de la fiscal Plaza.
El Ministerio Público acusó a Rosales por estar presuntamente incurso en el delito de enriquecimiento ilícito, conforme a la verificación de declaración jurada de patrimonio en la que la Contraloría General de la República constató que había una desproporción de sus recursos, los cuales, según ese organismo, no pudo justificar.
Aclaró que dentro del petitorio de la acusación hecha por el Ministerio Público se pidió que se impusiera una medida privativa de libertad, pero indicó que eso debe decidirlo el juez de control cuando se realice la audiencia preliminar.
Dice Ortega Díaz que en el Ministerio Pública "no se trabaja desde la óptica política sino la jurídica, y los fiscales actúan con criterios de objetividad e imparcialidad y conforme a lo que arrojen las investigaciones".
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