El Gobierno pide al Constitucional que suspenda la aplicación de la ley de Caja Madrid

El recurso pide la suspensión durante un plazo máximo de cinco meses (el máximo para la deliberación del tribunal) de dos artículos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid. En caso de ser admitido a trámite, supondría dejar en 'stand by' el proceso electoral de la caja durante todo ese tiempo.

El Gobierno, además de considerar que la 'ley Aguirre' choca con las competencias estatales, cree que la nueva representación que resultaría en los órganos rectores de Caja Madrid no sería igualitaria ni proporcional. Actualmente, la Asamblea General de Caja Madrid cuenta con 100 representantes de ayuntamientos de un total de 320 miembros, mientras que con la nueva ley, en vigor desde enero de este año, se reducirían a 80, de los que 76 corresponderían a corporaciones municipales de la Comunidad de Madrid. De esos 76, con la normativa regional el Ayuntamiento de la capital perdería peso y reduciría su representación de 70 miembros actuales a cerca de 30.

Saldrían de la caja 15 ayuntamientos
El Ejecutivo admite que el peso de las corporaciones locales se reduzca hasta 80 miembros pero critica que, en virtud de un sistema de "proporcionalidad estricta" sobre los depósitos captados en cada comunidad, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid sólo supondrían el 68,75 por ciento del total y no el 95 por ciento. Aguirre, a través de los consistorios controlados por el PP de Madrid, ganaría con ello poder en detrimento de la capital y del resto de corporaciones municipales, recoge Efe.

Como ejemplo, en el recurso se recoge que el Ayuntamiento de Barcelona tendría menos representantes que las corporaciones de Getafe, Leganés, Alcobendas, Alcalá de Henares, Majadahonda, Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada, a pesar de captar más depósitos que todos estos municipios. Además, critica que con la normativa se quedarían sin representantes 15 ayuntamientos entre ellos el de Zaragoza, Valladolid, Toledo, Málaga, Bilbao, Palma de Mallorca y Alicante.

Esperanza Aguirre está convencida de que el TC dará la razón a la Comunidad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallase contra el Ayuntamiento de Madrid negando la posibilidad de suspender cautelarmente la aprobación de los nuevos estatutos.