Aguirre la imprudente

Cualquiera comprende la importancia de unificar para los servicios de valor social un rango de números telefónicos cortos de rápido acceso y fácil memorización. Estos números deben proporcionar atención las 24 horas del día, 365 días al año con carácter gratuito.

Amplitud horaria, especialización, gratuidad y fácil accesibilidad. Esto representa el  016 puesto en marcha para garantizar el derecho a la información reconocido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

La puesta en marcha de este servicio por parte del Gobierno, debía hacerse sobre la premisa de evitar solapamiento y por tanto se ha promovido la firma de convenios o acuerdos con las Comunidades Autónomas para garantizar la cobertura informativa sobre prestaciones en cada territorio buscando rapidez, eficacia y simplificación de trámites.

La Comunidad de Madrid, es una de las Comunidades del PP que se ha resistido obcecadamente a firmar convenios o acuerdos en este sentido. Resulta inexplicable el porqué.

La situación es la siguiente: La Comunidad cuenta con el 012-Mujer teléfono que atendió en sus dos primeros años de vida  unas 11.000 llamadas  de las cuales el 75% eran referidas a violencia contra las mujeres.

El teléfono estatal 016 en su primer año y medio recibió 22.521 llamadas de la Comunidad de Madrid, es decir el doble. Quizás un aspecto a considerar sobre este hecho es que el teléfono nacional cubre un horario de 24h, 365 días al año (8.904 anuales), mientras que el teléfono autonómico cubre sólo las 4.982  horas que computan su horario[1].

El 016 consiguió tener una mayor capacidad de penetración ya que el Gobierno de España convino con las televisiones generalistas para que estampasen ese número en todas las noticias sobre malos tratos, incorporó diversos idiomas para la atención o dispuso sistemas que permitiesen atender a personas con discapacidad sensorial.

No firmar el convenio, supone que las mujeres madrileñas no cuenten con una información actualizada, y por tanto veraz, sobre los derechos y servicios con que cuentan en esta comunidad autónoma. No firmar el convenio repercute negativamente en la atención  a las víctimas.

Desde el Grupo Socialista del ayuntamiento de Madrid consideramos que no se puede restar importancia a esta cuestión. Ese ha sido el motivo  por el que propusimos al Pleno del Ayuntamiento que asumiese el compromiso de pedir institucionalmente a la Comunidad que no dificulte a las víctimas de malos tratos el acceso a la información sobre los derechos que les asisten y los recursos de que pueden disponer.

El Pleno lo aprobó por unanimidad. Todos/as nos felicitamos y las mujeres usuarias lo agradecerán. Si la Comunidad de Madrid se sirve de esta materia para hacer desgaste y oposición al Gobierno de España se equivoca. El obstáculo no se lo pone a Zapatero se lo pone a las mujeres madrileñas. En esta materia, la ciudadanía le exige a Esperanza Aguirre que abandone estrategias que ponen en riesgo derechos fundamentales y provocan desaliento en miles de mujeres. Necesitamos seriedad, compromiso y responsabilidad.

 
Ángeles Álvarez
Portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
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