"El Código de Procedimiento Penal señala en uno de sus artículos la anotación preventiva de bienes del declarado rebelde o prófugo que evade la justicia", precisó el fiscal que encabeza las investigaciones, Marcelo Soza.
En línea con el decreto confiscatorio de los bienes de quienes sean encauzados, en base de evidencias procesales, por financiar aprestos secesionistas y terroristas en Bolivia, Soza expresó que con una imputación formal se podría determinar las medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos, en la comisión de delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado.
Dijo que analizará el grado de vinculación de cada persona implicada, para aplicar el artículo 71 del Código Penal concordante con el 253 de la Ley 1970, y el convenio de Naciones Unidas.
Soza ratificó que todas las personas nombradas en la investigación serán citadas a declarar.
El Fiscal recibió el jueves la declaración del gerente de la empresa de seguridad Arias, Eduardo Guilarte, un ex entrenador de fútbol, quien aseguró que presta servicios en oficinas que tiene Cotas.
Aclaró que el personal de Arias no realiza una vigilancia constante en el interior del campo ferial de Expocruz, por lo que descartó su vinculación con las acciones subversivas.
Asimismo, la empresaria Katty Rabzuk, implicada por el co-imputado por terrorismo, Alcides Mendoza Malavi, en sentido de que pertenecía al grupo La Torre, que recolectaba dinero de las empresas para la célula terrorista, también llegó a La Paz para prestar su declaración.
Rabczuk en contacto con la prensa boliviana, dijo que hizo un único aporte al grupo La Torre, para la movilización autonomista del 4 de mayo de 2008.
Si (
No(
