Desde el 27 de mayo se paga en el país el bono Juana Azurduy a todas las madres con niños pequeños. Este beneficio, que pretende asegurar para los niños (as) una alimentación más completa, es uno más de los tantos bonos que el Gobierno otorga a los sectores sociales menos favorecidos, como son los ancianos, las mujeres y los niños. Sin duda que estos bonos, para muchas familias, significan un aporte importante en la medida que solventan ciertos gastos familiares. Y, probablemente, para el Gobierno ésta es una de las maneras más óptimas y democráticas de repartir las utilidades de las nacionalizadas.
Aunque se diga que los bonos son la mejor forma de repartir ganancias estatales, en el fondo se trata nomás de políticas asistencialistas, que si bien pueden paliar, en gran medida, situaciones de pobreza, no resuelven este
problema sino que más bien lo agudizan, haciendo que los beneficiarios se vuelvan cada vez más dependientes, porque supone obtener recursos económicos sin esfuerzos. Por otra parte, esta población se va acostumbrando a los bonos y va consolidando un tipo de mentalidad rentista y dependiente, dejando de lado sus potencialidades creativas y/o productivas. Así, la población se va haciendo amorfa, laboral y creativamente, lo que incide de manera negativa en las generaciones más jóvenes, puesto que también se van acostumbrando a este tipo de políticas y por ende van expandiendo esta mentalidad rentista y dependiente.
No cabe duda de que los bonos del Gobierno resultan ser una entrada de dinero al hogar, pero estructuralmente sería mejor impulsar el desarrollo productivo en el marco constitucional de la pluralidad económica. En efecto, la nueva Constitución Política del Estado reconoce los tres tipos de economía, como son la empresa estatal, la privada y la comunitaria. De ellas, el Gobierno debiera enfatizar en la economía comunitaria, en la medida que se hace necesario impulsarla para así hacerla efectiva, en cuanto a sus sistemas de producción y visión de desarrollo propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. En efecto, el proyecto comunitario, que por cierto no se enmarca en una comunidad rural sino que la trasciende a espacios urbanos a través de procesos migratorios, tiene interesantes ejemplos de desarrollo productivo comunitario, como las asociaciones de fotocopiadores cercanos a la UMSA, quienes alquilan un espacio colectivamente, pero su trabajo es propio, individual, es decir no hacen trabajar a nadie por ellos y los beneficios que obtienen están de acuerdo con su capacidad productiva. Así, en la sociedad comunitaria nadie vive de caridad ni de filantropía, el ingreso o la renta de cada quien es generado por el mismo trabajador y administrado en función de sus necesidades.
Como los fotocopiadores, también se tiene ejemplos de peluqueros, comerciantes, transportistas o textileros que trabajan de acuerdo con esa lógica, por lo que el aparato productivo no sólo puede ser concebido desde la empresa privada o estatal, sino también desde la microempresa individual y familiar y en las empresas de asociación comunal, y ambas son las que realmente generan empleos. Y sería obligación del Gobierno impulsarlas antes de brindar más y más bonos.
*Félix Patzi
es sociólogo, fue ministro
de Educación (2006 - 2007).
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