El PP devuelve la moneda y lleva al PSOE a Anticorrupción

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, entregó el documento en la sede de la Fiscalía acompañado del responsable de los servicios jurídicos de la formación, Salvador Victoria, y lo hizo con un mensaje de advertencia: la denuncia sólo llega a dos municipios gobernados por sus rivales, "de momento". Los afectados son Tomás Gómez en su etapa como primer edil de Parla y Rafael Gómez Montoya, a los que Granados invitó a aclarar su inocencia. "Esto es muy fácil de desactivar. Simplemente el PSOE y el Ayuntamiento de Parla tienen que justificar las facturas correspondientes y acreditar el pago de la realización de estos actos", insistió.

De paso, Granados exigió al líder del PSM que ordene el cese del concejal socialista de Coslada Manuel Torrús, después de que la Audiencia Provincial haya ratificado su condena por agredir a un militante del PP cuando estalló la 'operación Bloque'. En caso contrario, Gómez perderá "toda autoridad moral" para criticar a los populares.

La denuncia es la respuesta a los escritos que a su vez ha presentado el PSOE ante la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Inspección de Hacienda por las supuestas contribuciones de destacados empresarios con contratos en vigor con la Administración regional a las campañas electorales de Esperanza Aguirre. El PP lo tilda de "campaña absolutamente obscena de acoso y derribo contra el Gobierno regional, con calumnias y mentiras continuas". Tomás Gómez respondió este miércoles que Esperanza Aguirre y los suyos tienen "una rabieta". "Quien tiene que demostrar su inocencia ahora es Esperanza Aguirre y el Partido Popular", zanjó.

Investigación sobre Palomo
La escalada de denuncias basadas en informaciones aparecidas en la prensa no ha llegado a su fin y ahora toca directamente el plano personal. Félix Palomo, compañero sentimental de la diputada y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Maru Menéndez, está siendo investigado por el área de Vivienda y Suelo de la Comunidad por una supuesta estafa inmobiliaria. El Ejecutivo quiere saber si el también miembro de UGT y la propia diputada participaron en una cooperativa que habría cometido fraude en la venta de inmuebles. Según informó Europa Press, la Comunidad ha nombrado un instructor para tramitar el expediente abierto contra él por si existe incompatibilidad entre su puesto de liberado sindical y su puesto cdomo apoderado de la empresa.

Esta no es la primera vez que los representantes de PP y PSOE se han cruzado denuncias, pero sí es la penúltima actuación después de una escalada en la que la palabra "corrupción" monopoliza la vida política a cuatro días de las elecciones europeas. No en vano, PP, PSOE e Izquierda Unida llevarán el 'caso Fundescam', el 'caso Palomo' y las polémicas de Parla y Leganés al Pleno de la Asamblea de Madrid, cuya retransmisión en directo les ofrecerá este jueves Madridiario por primera vez.