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Guarinos habla de verdaderas responsabilidades políticas

Guarinos responsabiliza al Gobierno de la imputación de técnicos en el incendio

Guarinos responsabiliza al Gobierno de la imputación de técnicos en el incendio

Mantiene que se les ha utilizado como coraza

jueves 18 de junio de 2009, 13:46h
Actualizado: 19 de junio de 2009, 20:41h
La portavoz parlamentaria del PP en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha responsabilizado al Gobierno de Castilla-La Mancha, de que haya técnicos imputados en la causa abierta por el incendio de Guadalajara. Según la diputada popular ha calificado de tropelía la acusación de prevaricación que el  consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro y el parlamentario socialista Santiago Moreno, han vertido sobre la juez que instruye el caso, María del Mar Lorenzo, pur su instrucción.

La portavvoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, ha responsabilizado este jueves al Gobierno de Castilla-La Mancha de que haya técnicos imputados en la causa abierta por el incendio de Guadalajara, pues lo están "única y exclusivamente" porque los  han utilizado como "coraza para encubrir" su responsabilidad política.

Guarinos ha hecho esta afirmación en su intervención en el debate parlamentario celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el auto de cierre de instrucción de la causa abierta por el incendio de Guadalajara, ocurrido  en julio de 2005 y que se saldó con once víctimas mortales.

La parlamentaria popular ha expuesto que los técnicos que dirigieron las operaciones contra ese incendio "pueden sentarse en el banquilo por una única razón", porque los responsables políticos de la Junta no han asumido su responsabilidad y les han utilizado para que les encubran.

Además, Guarinos ha calificado de "tropelía" la acusación de "prevaricación" que, a su juicio, han vertido el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, y el portavoz socialista, Santiago Moreno, por sus críticas a la instrucción realizada por la jueza que instruye el caso, María del  Mar Lorenzo.

Se trata, a su juicio, de una "injerencia y un acto de cobardía", ya que supone que el  Gobierno de Castilla-La Mancha utiliza el Parlamento regional como "medio de  presión y de amedrentamiento de todos los jueces y tribunales de España".

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