El coronel Chávez anunció primero el ingreso del Ecuador a la Alternativa Boliviariana para América Latina (Alba) y anunció para el próximo 24 una ceremonia de bienvenida al Ecuador a dicha organización. No es compatible ni con la cortesía diplomática ni, lo que es más importante, con la tan invocada soberanía ese anuncio anticipado del mandatario venezolano. Solo días después, el presidente Correa confirmó el ingreso.
Hasta ahora, no se exponen las ventajas para el Ecuador de la alineación política en una organización que marcha al compás de los ambiguos enunciados boliviarianos de Chávez, de su regresivo socialismo del siglo XXI y de las prácticas autoritarias y concentradoras del poder que ejerce el presidente venezolano. Y parece más difícil aún convencer de las ventajas de los supuestos proyectos comerciales y financieros a los que se refirió el canciller Falconí si solo con Venezuela contamos con un apreciable flujo comercial, aunque con abultado déficit en una balanza desfavorable al Ecuador.
El Gobierno se halla obligado a sujetarse a la Constitución para el ingreso al Alba: el artículo 419 exige para la ratificación de los tratados e instrumentos internacionales la aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando "establezcan alianzas políticas o militares" o "comprometan al país en acuerdos de integración y comercio", entre otros casos. Esa ratificación, según el art. 438, exige dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional. La ligereza con que se aprobó la Constitución consignó para el presidente, entre otras atribuciones, en el art. 147, la de "... suscribir y ratificar los tratados internacionales", lo cual contradice en apariencia al art. 419. No obstante, la interpretación coherente no deja duda de que, en los casos previstos en ese artículo, se requiere para la ratificación la aprobación de la Legislatura. Hay que exigir que se cumpla la Constitución para la ratificación del ingreso a la Alba.
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