El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desveló ayer una estructura “mafiosa” de poder que operó en los últimos 20 años en Pando, integrada por autoridades y parlamentarios ligados a ADN-Podemos, quienes “rotaron” en cargos públicos, se enriquecieron ilícitamente y cometieron varios delitos reñidos con la ley. Ante esos hechos, oficializó la denuncia y pidió que el Parlamento inicie una investigación.
La información fue expuesta por Quintana en radio Patria Nueva, donde ratificó la denuncia formulada hace poco en contra del senador Roger Pinto (Podemos) por haber cometido enajenación de tierras fiscales cuando fungía como Prefecto de Pando (1999−2002) y vendió, según demostró con documentación de Derechos Reales de ese departamento, 221.000 metros cuadrados de lotes ubicados en la Zona Franca, propiedad del Estado, en 17.515 dólares a ciudadanos extranjeros a través de “palos blancos”.
Explicó que esta transacción habría sobrepasado incluso la autoridad del Congreso Nacional, al tratarse de la venta ilegal de tierras fiscales.
La autoridad desvirtuó que se trate de un problema personal contra el senador pandino, “sino que Pinto está encarnando todos los pecados de lo que es la estructura mafiosa y debe responder por los delitos que ha cometido; los otros (parlamentarios) deben explicar al juez, a las autoridades”.
Lamentó que Pinto apelara al ataque y al insulto en lugar de defenderse con pruebas y le calificó de “mentiroso” por afirmar que las tierras fiscales las dio en calidad de comodato, cuando los papeles demuestran que las vendió.
“Roger Pinto representa a lo más connotado de una estructura de poder, quiero decirlo con todas las letras, de una estructura mafiosa en el departamento de Pando; además de ello utiliza influencias de naturaleza religiosa... actúa como pastor”, dijo.
Añadió, sin embargo, que Pinto debe quedarse “tranquilo, porque no es el único denunciado, ya que hay una estructura que ha blindado la forma ilegal de administrar el poder en el departamento de Pando, es casi toda la bancada del departamento (Podemos-UN) que le tiene que rendir cuentas al departamento de Pando y al país por el conjunto de ilegalidades, irregularidades, transgresiones y delitos”.
Advirtió que también le tocará responder por sus acciones, en calidad de ex secretario general de la Prefectura pandina, al senador Paulo Bravo, además del diputado Ronald Camargo –quien estaría “desaparecido”– y el senador José Villavicencio, pues “todos tienen que responder por algún tipo de delito, unos más que otros”.
ROTACIÓN EN EL PODER
El titular de la Presidencia afirmó que por décadas hubo una “rotación perfecta” de cargos públicos de una élite política que se “apoderó” de Pando, la cual giraba alrededor de la Prefectura, del Directorio Ejecutivo de la Zona Franca y otros puestos.
“Cuando Leopoldo Fernández no era parlamentario era Prefecto, y cuando era Prefecto era Presidente de la Zona Franca, y cuando no era prefecto era Ministro de Gobierno. En su condición de Prefecto cometió la mayor cantidad de corrupción y prácticas abusivas de poder; la transferencia de dinero al Comité Cívico, las obras fantasmas… Distribuía la plata como le daba la gana, tenía la billetera de la Zona Franca que cobra tributos aduaneros...”, denunció.
Del mismo modo, citó al ex director ejecutivo de la Zona Franca Efraín Balcázar, operador financiero de Leopoldo Fernández, y a Huáscar Aguilar, quien hasta el año pasado era director de la Zona Franca, pero también senador, continuó Quintana.
“Aquí había una rotación espectacular de 10 personas que eran los dueños del departamento –a esto le faltan tres o cuatro familias– y que ejercían tráfico de influencias como parlamentarios, disponibilidad de recursos del Tesoro General de la Nación discrecionalmente, obras fantasmas, presidían la Zona Franca, protección al contrabando, exacción y chantaje a los comerciantes”, detalló.
Contratos ilegales con la Prefectura
Entre las irregularidades que se cometieron en Pando, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció ayer que el senador José Villavicencio (UN) tenía un “pequeño negocito” por más de 8.471.000 bolivianos con la Prefectura durante la gestión de Leopoldo Fernández.
A través de la empresa Ingenieros y Asociados, Villavicencio se tenía que hacer cargo del mantenimiento periódico de caminos, lo cual se convierte, según Quintana, en “delito flagrante porque ningún ciudadano puede ejercer otras funciones que no sean las exclusivas para las que fueron designadas”, pero como autoridad tampoco podía tener contratos con alguna institución pública.
Mientras que al diputado Ronald Camargo (Podemos) le calificó como “el mayor traficante de influencias hasta el año pasado”, quien hizo un contrato con la Prefectura pandina por 1,5 millones de dólares, a través de una empresa constructora “fantasma” denominada San Mateo, para la construcción de viviendas y mejoramiento de caminos.
“Su empresa nunca existió porque se constituyó con maquinaria de la Prefectura... Quiénes administraban eran otras personas, el combustible era de la Prefectura”, denunció, y señaló a Camargo, quien sería dueño de Unitel en Pando.
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