El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, se desplazó hasta el centro de control 'Zona 7' de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas para reunirse con supuestos familiares de presos.
Durante el encuentro, marcado por el llanto y los abrazos de madres y esposas que mantienen vigilias permanentes, Rodríguez garantizó que la excarcelación de "todos los detenidos" se producirá el mismo día en que se apruebe de forma definitiva la Ley de Amnistía.
El parlamentario estimó que el proceso legislativo culminará en cuestión de días: "Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró.
Sin embargo, pronto se supo que la escena de reencuentro en la 'Zona 7' con supuestos familiares habría sido un montaje de propaganda del régimen, ya que no eran familiares reales.
Falta de garantías penitenciarias
Rodríguez acudió al centro de detención acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, responsable de haber presentado el proyecto de ley ante el Parlamento el pasado jueves.
Durante la visita, retransmitida por el canal estatal 'VTV', los familiares denunciaron las precarias condiciones de encierro, alertando sobre la falta de asistencia médica, las irregularidades en los procesos judiciales y la situación de personas que llevan meses encarceladas sin haber sido presentadas ante un tribunal. Ante estas quejas, el jefe del Legislativo insistió en su compromiso temporal: "Entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos".
"Amnistía incompleta"
A pesar del optimismo mostrado por el oficialismo, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) publicó un comunicado denunciando que el proyecto impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contiene deficiencias estructurales que impiden considerarla una "verdadera" amnistía.
Según la PUD, el texto excluye deliberadamente a amplios grupos de presos políticos, tanto civiles como militares, y omite momentos de significación histórica ocurridos entre 1999 y enero de 2026. La oposición criticó que la norma no sea automática y que su implementación dependa de los mismos órganos institucionales que han ejecutado la persecución hasta ahora.
La plataforma subrayó que el proyecto no deroga el marco legal represivo, no levanta las inhabilitaciones políticas ni garantiza un retorno seguro para los exiliados. "No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron su encarcelamiento", apostilló la coalición, exigiendo que cualquier iniciativa de este tipo contribuya efectivamente al restablecimiento del orden constitucional.
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