El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ha ratificado en pleno día de navidad la excarcelación de 99 personas que fueron capturados durante las protestas por las elecciones presidenciales del año pasado.
A través de una nota difundida en redes sociales, el organismo gubernamental explicó que los beneficiados estaban bajo custodia por su presunta implicación en "hechos de violencia e incitación al odio".
Estas detenciones ocurrieron cuando parte de la ciudadanía se manifestó contra los resultados emitidos por el poder electoral, organismo cuestionado por la oposición debido a su cercanía con el chavismo. Según la versión oficial, las autoridades optaron por "evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia".
Los liberados y las organizaciones civiles
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, junto a diversas plataformas de derechos humanos, ha ofrecido detalles sobre la ubicación de los excarcelados. Se ha confirmado la salida de 65 varones del centro penitenciario de Tocorón, en Aragua, así como de 3 mujeres recluidas en La Crisálida (Miranda) y tres menores de edad en La Guaira.
Aunque el colectivo ha recibido con agrado la noticia, la considera un avance "insuficiente" y reclama una amnistía general. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", ha denunciado la organización, insistiendo en que es necesaria la "libertad plena" para todos los arrestados desde julio de 2024.
En esta misma línea se ha pronunciado la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que ha urgido a la liberación inmediata de los presos políticos con cuadros clínicos delicados, ancianos y mujeres, advirtiendo que su continuidad en las celdas supone un peligro crítico para su salud. Para JEP, la naturaleza de estas medidas "confirman que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política" en la nación caribeña, dada la arbitrariedad con la que se seleccionan los casos beneficiados.
Balance del proceso judicial
Frente a las críticas de los organismos internacionales y familiares, la administración de Nicolás Maduro mantiene un discurso firme, asegurando que el territorio está "libre de presos políticos".
Según la narrativa gubernamental, quienes permanecen en prisión lo están exclusivamente por la "comisión de terribles hechos punibles". Esta nueva oleada de salidas de prisión rompe un periodo de inactividad que, según fuentes cercanas a los detenidos, se prolongaba desde el pasado mes de marzo.
Los datos ofrecidos por la Fiscalía venezolana sugieren que, desde que se inició este procedimiento de revisión de casos el año pasado, aproximadamente 2.000 personas han podido abandonar los centros de reclusión bajo diversas medidas cautelares. Sin embargo, la brecha entre las cifras oficiales y las demandas de libertad absoluta por parte de las ONG sigue marcando el pulso de la crisis humanitaria en el país.
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