La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-COCEMFE Madrid) ha elevado una queja formal ante la Consejería de Transportes de la región por lo que considera una discriminación constante hacia el colectivo.
La organización acusa a la plataforma Cabify de ignorar o cancelar de forma reiterada los trayectos solicitados por personas con movilidad reducida, a pesar de que estas realicen sus reservas con antelación suficiente.
Según relata la federación, el servicio que reciben los usuarios en silla de ruedas dista mucho de la agilidad ofrecida al resto de clientes.
El presidente de FAMMA, Javier Font, ha criticado duramente las condiciones impuestas por la operadora: "Cabify obliga a las propias personas con discapacidad y solo a esas personas a hacer una reserva para coger este tipo de vehículos accesibles con un mínimo de 2 horas e incluso con más horas de antelación y se les deja tirados indicando que no hay conductor asignado", denunció en declaraciones a 'RNE'.
Frente a estas acusaciones, la compañía ha alegado que se trata de "incidentes puntuales" y sostiene que la efectividad de su categoría para personas con discapacidad supera el 95%.
Críticas a la falta de transparencia
Para FAMMA, el problema no reside en fallos aislados, sino en un modelo operativo que margina a quienes requieren vehículos adaptados. La organización subraya que, aunque Cabify declara contar con una flota de 50 coches accesibles, no existe una forma pública de verificar cuántos están realmente operativos o bajo qué parámetros se adjudican los servicios. Esta opacidad, a juicio de la federación, podría incurrir en publicidad engañosa y en una vulneración de las condiciones de su autorización administrativa.
La entidad ha puesto el foco en la Administración regional, exigiendo que la accesibilidad deje de ser una cuestión de voluntad empresarial para convertirse en una realidad regulada. "La accesibilidad no puede depender de la buena voluntad de una empresa ni de un algoritmo; es una obligación legal", han enfatizado desde la federación. Font insiste en que el actual esquema de negocio relega la inclusión a un plano residual y carente de garantías para los ciudadanos con discapacidad.
"La accesibilidad no es un favor, es un derecho"
La denuncia presentada ante el Ejecutivo madrileño busca la apertura de un expediente sancionador y una inspección profunda de la flota adaptada de la empresa. FAMMA argumenta que estas prácticas contravienen tanto la Constitución Española como las normativas específicas de transporte VTC, incurriendo en una discriminación directa por motivos de discapacidad.
Javier Font ha sido tajante al recordar que el cumplimiento de la normativa no es una opción comercial: "La accesibilidad no es un favor, es un derecho". Con la presentación de esta denuncia formal, la federación espera que se impongan ratios obligatorios de vehículos accesibles y sanciones contundentes que aseguren una movilidad igualitaria. Asimismo, la organización no descarta emprender nuevas rutas judiciales si la situación de desamparo del colectivo persiste en las plataformas de transporte compartido.
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