El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió en el Congreso de los Diputados la obligatoriedad de la baliza V16, calificando de "bulos y noticias engañosas" las críticas vertidas por la derecha y la ultraderecha.
Según el ministro, desde que el dispositivo entró en vigor el 1 de enero, el punto de acceso nacional de la DGT ha registrado más de 100.000 activaciones, lo que supone una media de 2.300 incidencias diarias gestionadas mediante este sistema de señalización geolocalizada.
Ventajas de la baliza V16
Marlaska subrayó que el objetivo principal es reducir la mortalidad en carretera, recordando que entre 2018 y 2024 fallecieron 159 personas al bajar de su vehículo, muchas de ellas mientras intentaban colocar los antiguos triángulos de emergencia.
El responsable de Interior insistió en que España se sitúa a la vanguardia europea con esta medida, mencionando que países como Reino Unido ya prohíben los triángulos en vías rápidas y Francia los mantiene como opcionales desde 2008 debido a su peligrosidad.
Además, destacó que la baliza es un avance clave para la seguridad de personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida, al permitir la señalización sin abandonar el habitáculo del coche.
Las sanciones por no llevar baliza
En cuanto a la vigilancia de esta medida, el ministro aclaró que no existe una instrucción específica para que la Guardia Civil controle de forma proactiva si los vehículos portan la baliza, o lo que es lo mismo, no hay órdenes de hacer redadas para multar.
Pero reconoció que se impondrán multas si un coche queda inmovilizado y no utiliza el sistema reglamentario.
Respecto a las estaciones de ITV, Marlaska negó que se vaya a exigir la baliza para superar la inspección, aunque sí se ha solicitado a los centros que informen a los conductores sobre su obligatoriedad.
Marlaska cargó contra el PP y Vox, acusándoles de incoherencia por haber valorado positivamente la implantación de la V16 en la Comisión de Seguridad Vial hace apenas 6 meses.
Defendió que los estudios técnicos se basan en ensayos de laboratorios acreditados y que las empresas fabricantes se someten a revisiones periódicas, rechazando cualquier acusación de improvisación en un proceso que, según sus palabras, responde a una planificación rigurosa para salvar vidas en las vías de alta capacidad.
La intervención generó un fuerte choque con los portavoces de la oposición. Ángel Ibáñez, del PP, tachó la medida de "caos, desorden e incompetencia" que afecta a 28 millones de conductores. Por su parte, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, fue más allá al afirmar que el asunto "huele a podrido", cuestionando la idoneidad técnica de los dispositivos y sugiriendo irregularidades en la obligatoriedad de compra impuesta a los ciudadanos.
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