La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del chavismo, dio este jueves un paso decisivo al aprobar "por unanimidad" y en primera discusión el proyecto de ley de amnistía.
La propuesta, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca liberar a los presos políticos detenidos desde 1999, año en que Hugo Chávez asumió el poder, hasta la fecha actual.
Tras esta votación inicial, la norma entró en una fase de consultas antes de afrontar el debate definitivo artículo por artículo.
Liberación inmediata
El borrador contempla la liberación inmediata de personas encarceladas por participar en manifestaciones políticas o por emitir críticas contra figuras públicas.
Además de la excarcelación, el proyecto ordena la restitución de bienes decomisados a los detenidos y la cancelación de las alertas de arresto enviadas a Interpol.
Esta última medida resultó clave, ya que permitiría el regreso al país de numerosos opositores que se encuentran en el exilio bajo medidas de persecución internacional.
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que e el hermano de la presidenta del país, defendió la urgencia de la norma momentos antes de la votación. "No es cualquier encrucijada. Es la encrucijada entre la destrucción y la reconciliación, el perdón y la construcción", manifestó el dirigente, quien solicitó "celeridad" a la comisión especial encargada de las consultas.
La exposición de motivos del texto, compuesto por 13 artículos, insistió en que el objetivo es alcanzar la "justicia y la convivencia" mediante un marco que permita la coexistencia desde la pluralidad, evitando "la venganza, la revancha y el odio".
Delitos incluidos
El proyecto de ley detalló de manera exhaustiva qué hechos estarían sujetos al perdón y cuáles quedarían fuera por mandato constitucional. La amnistía cubriría una extensa lista de delitos siempre que se cometieran en el contexto de protestas políticas, tales como rebelión, traición, instigación a actividades ilegales, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad. Esto incluiría los hechos ocurridos durante las oleadas de protestas masivas de los años 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
No obstante, el borrador estableció límites estrictos basados en la ética y la dignidad humana. Quedaron excluidos de cualquier beneficio los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de guerra, el narcotráfico, la corrupción y el homicidio intencional.
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