Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará este lunes una visita a Honduras para conocer la situación de los derechos humanos a raíz del golpe de Estado del 28 de junio al presidente Manuel Zelaya.
La misión, cuya visita terminará el próximo viernes, estará integrada por cuatro de los siete comisionados del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante esta semana, la delegación de la CIDH se reunirá con representantes de los poderes Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y de la sociedad civil, entre otros, informaron hoy fuentes oficiales.
Además, los comisionados tienen previsto visitar San Pedro Sula (norte), El Paraíso (este) y otros lugares del interior de Honduras.
La misión está formada por la presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía; el vicepresidente primero, el argentino Víctor Abramovich; el vicepresidente segundo y relator para Honduras, el chileno Felipe González, y el comisionado estadounidense Paolo Carozza.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Canton, y personal de la Secretaría Ejecutiva del organismo acompañarán a los comisionados en su viaje.
La CIDH establecerá su sede temporal en el hotel Intercontinental de Tegucigalpa, desde dónde visitará diferentes regiones del país para recibir y analizar informaciones y denuncias sobre violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas en el contexto del golpe de Estado que derrocó y expulsó del país a Zelaya.
El presidente hondureño, Roberto Micheletti, designado por el Parlamento tras la defenestración de Zelaya, dijo el viernes pasado que confía en que los representantes de la CIDH "sean imparciales" en su visita y aseguró que su Gobierno no pretende "ocultar absolutamente nada".
La misión de la CIDH es la primera de carácter oficial que Honduras recibe de un organismo internacional desde el derrocamiento de Zelaya.
La OEA, de la cual depende la CIDH, suspendió a Honduras el 4 de julio pasado por no restituir en el poder a Zelaya, pero no lo excluyó del régimen interamericano de derechos humanos.
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