Con la creación de Comités de Vigilancia de la Revolución Ciudadana, el Gobierno aprieta un poco más el lazo en el cuello de sus adversarios políticos, luego de crear la Secretaría de Inteligencia.
Ahora la vigilancia y la represión serán más estrechas, a nivel de cada cuadra y cada barrio, como desde hace medio siglo hacen en Cuba, donde nada se mueve o hace a nivel popular sin que intervengan estos comités.
Si este modelo se sigue al pie de la letra, la vigilancia y la delación de quienes sustenten una ideología diferente, serán el principal objetivo de trabajo de sus miembros. En la Isla, además de abanderados del adoctrinamiento político y la propaganda oficial, los comités son el brazo ejecutor —actos de repudio a disidentes e impune violencia callejera— de la política represiva del régimen.
El Vicepresidente de la República dijo recientemente que el asunto se tratará en la próxima reunión del Buró de Alianza PAIS, y que en el gabinete ministerial se estructurarán y diseñará la forma de los comités.
De esto se infiere que los comités serán manejados políticamente por el partido que dirige la revolución ciudadana, y que se sostendrán económicamente con el dinero del Estado.
Con los impuestos de todos, aliancistas o no, sostendremos esa “fuerza de choque” anómala en una democracia real. Si no es así, ¿por qué tiene que intervenir el Gobierno en su diseño y estructuración? Paradójicamente tendremos que pagar el dogal que nos someterá, la mordaza que nos silenciará y el lavado de cerebro colectivo.
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