Para que el referéndum abrogatorio contra la LOE pueda activarse es necesario la recolección de al menos 1 millón 700 mil firmas que representaría 10% del Registro Electoral.
Así lo informó el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, quien además aclaró que el proceso de recolección de firmas debe llevarse a cabo por partidos políticos inscritos en el CNE u organizaciones de ciudadanos.
Posteriormente el ente comicial convocaría al proceso referendario "y en caso de que gane la opción de abrogar, la ley quedaría inmediatamente suspendida".
Sin embargo, Díaz aseguró a El-nacional.com que la vialidad de este mecanismo depende de dos cosas, la primera que se cumplan con los requisitos legales arriba explicados, y segundo que el CNE inicie una discusión para decidir si la propuesta está dentro de los términos que establece la constitución, la cual no permite la aplicación del referéndum abrogatorio con temas relacionados con el desarrollo de derechos humanos.
"Hay personas que dicen que en el caso de una Ley de Educación no se puede activar este mecanismo porque involucra a los derechos humanos. Pero hay quienes pensamos que todas las leyes que se desarrollan en la AN de alguna u otra forma tocan este tema. Si esto es así, nunca se podría aplicar el referéndum abrogatorio y quedaría sin efecto el mecanismo constitucional que establece la sección de Participación Política, y se cercenaría una de las posibilidades de control popular", dice Díaz.
El rector del ente comicial también enfatizó que de las cinco propuestas que han recibido para activar referéndum sólo las dos solicitadas por el gobierno han sido aceptadas. "Es importante que los rectores cuando hagamos la sesión del CNE evaluemos esto".
La Constitución Nacional establece que la democracia es participativa y protagónica lo que se traduce en el derecho del pueblo de tomar parte en la decisiones estratégicas del país. Entre los mecanismos que establece la carta magna para tal fin está la figura del referéndum, entre los que destaca el abrogatorio, "mediante el cual el pueblo le dice al parlamento que está en desacuerdo con una Ley", concluyó Díaz.
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