Caja Madrid informará al Rey sobre sus consejeros

Según fuentes de la comisión, la reunión vivió nuevamente momentos de tensión cuando 'aguirristas' y 'gallardonistas' se enzarzaron en una agria discusión sobre el curso que debía darse a la documentación presentada por el Ayuntamiento de Madrid, que impugna el reparto de los 64 representantes cedidos por la Casa Real en noviembre de 2008.

Los miembros de la comisión, presidida por el popular Fernando Serrano, acordaron informar al Rey de que, en función de la nueva Ley de cajas de ahorros autonómica, los consejeros cedidos por Zarzuela se repartirán entre entidades representativas, Asamblea de Madrid y empleados.

El enfrentamiento se produjo incluso sobre quién firmaría dicha misiva, pues Serrano se negó a hacerlo. Finalmente se acordó (con 9 votos a favor y 2 en contra, pues dos personas habían abandonado la sala) que rubricará la carta el secretario de la comisión y se zanjó la cuestión como un "traslado del acuerdo" cerrado a primeros de septiembre.

El Ayuntamiento buscaba precisamente que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de Madrid (53), los ayuntamientos (80) y las entidades representativas (62) para que den los nombres de sus representantes en la asamblea general antes del 9 de octubre, al considerar erróneo el reparto entre sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, al excluir a las corporaciones locales.

El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, ya ha avisado de que si la Comisión de Control de Caja Madrid no atiende a su impugnación sobre el reparto de los representantes de la Corona entre los sectores de la asamblea de la entidad, el Ayuntamiento acudirá al juzgado contencioso administrativo y al civil para solicitar una revisión de la constitucionalidad de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.

Los defensores de que se aplique la nueva Ley buscan, al remitir cartas a todos los sectores afectados para que expongan lo que consideren oportuno, argumentos, pruebas y documentación de la diversidad de opiniones existentes ante la posibilidad de que el caso vuelva a los tribunales.