La esposa de Fernández, Pilar Soria, y el portavoz de la formación política Plan Progreso para Bolivia (PPB), Erick Fajardo, se apersonaron en el Palacio de Gobierno para entregar la carta.
El acto de entrega de la carta terminó con un enfrentamiento entre policía y periodistas, cuando éstos quisieron entrevistar a Soria y Fajardo frente a las puertas de Palacio de Gobierno.
Tras la entrega de la carta, Soria declaró que con la misiva esperan "tocar el corazón del Presidente" para que haga prevalecer "los derechos humanos" en Bolivia.
Por su parte, Fajardo dijo que el texto es una respuesta para saber por qué "se está privando del derecho a ejercer la libre expresión" a un ciudadano que "mantienen encerrado y silenciado".
"No estamos recurriendo el privilegio de nadie, no estamos ni siquiera representando los derechos de un candidato que ya la Corte Nacional Electoral dijo que tiene derecho a lo mismo que cualquier otro candidato. Lo que estamos recurriendo hoy día es que se están violando derechos fundamentales", explicó.
Fajardo, que leyó parte de la misiva, resumió que Fernández quiere "dejar claro que sus derechos fundamentales no se negocian", y aseguró que esta acción no se enmarca dentro de una estrategia política, sino en la voluntad de que prevalezca la justicia en el país.
"No queremos favores, no solicitamos un trato especial. Le pedimos que respete nuestro derecho a esas mínimas garantías que hacen a reconocernos la calidad de seres humanos. Le pido que se nos respete el derecho que asiste a todo recluso para poder decir su verdad y ser escuchado", reza la carta.
Fajardo añadió que "muy pronto" la familia de Fernández empezará un "periplo internacional" que le llevará hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para "hacer escuchar al mundo lo que está pasando en Bolivia".
"No son los derechos del candidato Leopoldo Fernández. Son derechos humanos fundamentales que se están vulnerando y que el presidente Morales tendrá que explicar ante esa Corte", sentenció.
Fernández está detenido hace más de un año en la cárcel de San Pedro de La Paz y a la espera de juicio, acusado de ser responsable de la muerte de varios campesinos afines al oficialismo durante un choque armado producido en septiembre de 2008 en Pando.
Las Leyes bolivianas permiten la postulación de Fernández a un cargo electivo mientras no tenga una sentencia definitiva.
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