“Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”

El director para las Américas de la organización, Miguel Vivanco, asegura que las facciones recientemente creadas siguen cometiendo graves atrocidades y tienen presencia en 24 de los 32 departamentos del país la gran mayoría de los departamentos del país, es decir en el 75 por ciento del territorio nacional, siendo Medellín, Chocó, Meta y Nariño las zonas más afectadas.

El documento titulado: "Herederos de los Paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia", que además es producto de dos años de investigación por parte de la ONG, también asegura que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien forjó el acuerdo con las AUC para su desmovilización, "no ha hecho un esfuerzo serio para romper los vínculos, denunciar y castigar".

"Vemos una actitud pasiva del Gobierno e incluso un discurso que minimiza el problema", puntualizó Vivanco.

Estos grupos "comenten habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia", asegura el documento.

Según Vivanco "Las cifras…usadas por la Policía Nacional, indican que los nuevos grupos cuentan con más de 4 mil miembros"; sin embargo, él asegura que pueden alcanzar los 10 mil.

El director de HRW recordó que en los años 2003 a 2006 se puso en marcha un proceso de desmovilización de las AUC, "que el gobierno califica de exitoso", por el que se entregaron más de 30 mil paramilitares.

Sin embargo Vivanco aseguró que pese a la presunta reinsención "al poco surgen grupos que los reemplazan, que hoy tienen gran impacto y son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos" y "operan bajo el mismo patrón".

"Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude", dijo, al considerar que aquel proceso de desmovilización "estuvo mal concebido e implementado". Vivanco explicó que "muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras".

HRW agrega que en aquel proceso "no se hicieron esfuerzos para confiscar activos y bienes" a los paramilitares, quienes hoy siguen buscando el control del territorio y manejando el negocio de la droga en el país.

Como ejemplo el Bloque Norte, liderado por el hoy extraditado Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", quien impuso el terror en la zona norte, "nunca se desmovilizó".

HRW asegura que estas bandas, con nombres como Águilas Negras, Rastrojos o Los Paisas, "reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación".

Además, han favorecido un incremento del desplazamiento forzoso de civiles desde 2004, dice el informe. Vivanco también alertó del peligro de que los paramilitares se introduzcan en las elecciones legislativas de marzo, al recordar que el 20 por ciento de los representantes en el Congreso que salieron de los comicios de 2006 ha sido investigado, procesado e incluso condenado por nexos con los paramilitares.

Y advirtió de que "el Gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados".

Teniendo en cuenta lo anterior, Vivanco criticó que el Gobierno de Uribe haya destinado un millón de dólares, "según las previsiones más conservadoras", a hacer publicidad en Washington para lograr un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuando sólo cuatro fiscales se dedican a investigar a las nuevas bandas paramilitares.

"Yo me pregunto: ¿Cuántos fiscales se pudieron haber contratado con esos recursos?", señaló Vivanco.

Por último, el funcionario expresó su confianza de que este informe sirva para "redefinir las prioridades en materia de seguridad", al referirse a la política de seguridad democrática, el eje central de la gestión de Uribe.



La reacción del Gobierno

Tras conocerse el contenido del informe publicado por Human Rights Watch, HRW, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, lo rechazó tajantemente por, según él, desconocer de "manera flagrante los esfuerzos del Gobierno y la Fuerza Pública por cumplir estrictamente la Política de Derechos Humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, reconocidos por importantes organismos independientes".

Según el alto funcionario, las conclusiones del informe tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intensión deliberada de afectar la reputación de la Política de Seguridad Democrática.

"No se consultó ningún tipo de información estadística del ministerio de Defensa y se desconoció por completo el compromiso de la Fuerza Pública en su combate contra estos grupos delincuenciales. Además, en su elaboración la organización no solicitó la información, las estadísticas u opiniones del ministerio de Defensa", señaló el funcionario en un comunicado.

Finalmente, Silva canceló la reunión prevista con Vivanco,  y en su lugar le hará llegar por escrito un detallado informe que responde de manera precisa ante esa organización y ante la opinión pública los equivocados señalamientos del informe.