El informe de la Fundación, que está vinculada al sindicato Comisiones Obreras, parte de la base de que a medida que aumenta el número de años trabajados, crece el salario, por lo que todo lo que sea ampliar el periodo de cálculo supone un recorte de la pensión, ya que se tendrían en cuenta los años de menores ingresos y no sólo los más elevados. El estudio advierte de que "aunque sólo se aumentara de los 15 años actuales a 25 años (la propuesta enviada a Bruselas por el Gobierno), el recorte sería de un 4,83%. "Los argumentos gubernamentales fundamentales se han basado en la supuesta inevitabilidad de la reducción de las pensiones debido a las causas demográficas del mayor envejecimiento. No obstante, el recurso a la supuesta ‘insostenibilidad’ financiera del sistema público, esta vez no ha permitido legitimar entre la población este nuevo ataque, injusto e innecesario", según se asegura en el estudio.
Reducción incluso con jubilación a los 65
El análisis reflexion sobre un punto del documento del Gobierno que ha pasado desapercibido. El Ejecutivo plantea la posibilidad de mantener la jubilación a la edad de 65 años, pero ésta tendría la consideración de ‘anticipada’, con la correspondiente penalización. Sobre este punto,el Gobierno abre varias opciones prácticas, que se analizan en el informe con sus consecuencias sobre la pensión. La primera sería continuar trabajando dos años más, hasta los 67; "supone esa reducción global del 10% del total a percibir en el resto de su vida por la pensión", explica el informe. Además, para la mayoría de ocupados a esa edad, muchos con más de 35 años de cotización y sin que se les incentive por esos años adicionales, se les requiere un mayor esfuerzo a realizar junto con una menor calidad de su vida.
La segunda opción, para la gran parte que no pueda o no quiera prolongar su vida laboral y se jubilase efectivamente a los 65 años (o antes),"la disminución adicional de su pensión podría alcanzar el 16%", añade. Para toda la parte mayoritaria que ha tenido que dejar el empleo antes de los 65 años y está en paro –con el subsidio no contributivo- desde los 54 años, la opción que se consolidaría es una prestación o una pensión mínima para el resto de su vida, situación especialmente generalizada entre las mujeres, concluye el estudio en este apartado.
Con diez años más de cálculo
Para la propuesta del Gobierno de ampliar la base diez años más, el informe aporta una hipótesis de cálculo según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial, con el salario medio de un trabajador con edad comprendida entre 35 y 39 años situado en 20.964 (media de hombre y mujeres), y un salario medio de 25.469 euros, si el trabajador tiene entre 55 y 59 años. La conclusión del autor del informe es que “la ampliación del cómputo en esos diez años produciría una reducción en torno al 5% (4,83%). Y en el caso de ampliar la contributividad a toda la vida laboral, con la media salarial de 20.390 euros, la reducción sería del 16,3%”.
En el informe se admite que una parte de los trabajadores se beneficiaría con la ampliación del periodo de cálculo, en particular aquellos que son expulsados del mercado de trabajo con edades avanzadas, y que pasan los últimos años de su vida en activo en los servicios públicos de empleo con unos ingresos sensiblemente inferiores que los que tenían durante su vida laboral.
El estudio propone calcular la base reguladora no sobre toda la vida laboral o un periodo más amplio que el actual, sino solamente sobre los últimos años de ocupado, como medida alternativa a la reforma propuesta por el Gobierno.
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