En un escrito con entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 30 de marzo, el fiscal acusa a
Trinidad Rollán y a los trece concejales del entonces Gobierno municipal de haber aprobado un "convenio urbanístico" a pesar de que el secretario del Ayuntamiento y el interventor les advirtieron de su "ilegalidad".
El fiscal solicita la misma pena de "ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público" para los catorce concejales que aprobaron ese convenio en el pleno municipal, entre ellos la entonces alcaldesa, Trinidad Rollán, y la también este jueves diputada socialista en la Asamblea de Madrid
Esperanza Rojas.
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