Ya lo recogía explícitamente en noviembre de 2008 el Plan Estratégido de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 2009-2012 al que este
diario e-Xclusivo ha tenido acceso: en definitiva, que para que los países subsaharianos aceptaran admitir las repatriaciones desde España de sus nacionales emigrados ilegalmente a nuestro país había que pagar dinero.
El Plan Estratégico reconocía el creciente flujo de inmigrantes, aunque no sólo en España, y establecía medidas para controlar las fronteras y especialmente para impulsar la política de repatriaciones. Es aquí donde Interior reconocía explícitamente que para que las autoridades de los países subsaharianos aceptaran el retorno de sus nacionales en situación irregular en España había que pagarles dinero.
"Las contrapartidas financieras que exige la negociación de acuerdos de readmisión pueden ralentizar la firma de estos convenios al forzar la crisis económica a reducir las ayudas internacionales", dice explícitamente el informe, que añade: "En consecuencia, puede crecer la presión de algunos países de origen (especialmente los africanos) a través de la interposición de trabas en el reconocimiento de sus nacionales en los procesos de documentación para repatriación".
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