Alejo afirma que la nueva Ley de Tráfico une el objetivo de "que no haya impunidad" y beneficios en el pago de sanciones

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, recalcó ayer que la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial aúna el objetivo de que los infractores "no resulten impunes" con la introducción de los beneficios de una administración "moderna" en el pago de las sanciones.

   El representante gubernativo en la Comunidad presentó hoy el nuevo texto a representantes del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, de la Asociación Regional de Autoescuelas, de la Asociación Regional de Reconocimientos y de Stop Accidentes, junto al subdirector general de Normativa y Recursos, Ramón Ledesma Muñiz, después de que entrara en vigor ayer martes.

   Así el delegado explicó que las reformas que incluye la nueva Ley de Tráfico se dirigen como objetivos principales a evitar la "impunidad" de los infractores y a facilitar los pagos de las sanciones con el empleo de las mejoras propias de una "administración moderna", informa ep.

   Con la nueva ley se intenta evitar la impunidad de algunos conductores infractores y hacer el procedimiento sancionador más ágil y sencillo para el ciudadano, de modo que éste conozca en todo momento y cuanto antes la infracción cometida y pueda elegir entre las opciones que le ofrece la Administración central: recurrir o pagar.

   Una de las principales novedades de la Ley es la referida al procedimiento sancionador. El conductor que cometa una infracción recibirá un boletín de denuncia en cuyo anverso aparecerán todos los datos del conductor y la infracción por la que ha sido denunciado, así como la cuantía y la pérdida de puntos, en caso de que dicha sanción lleve aparejada tal pérdida.

   Esta nueva ley introduce numerosos cambios para los más de 1.600.000 conductores censados en la Comunidad, para un parque de vehículos total de 1.829.308 (incluyendo aquí a camiones, autobuses, turismos, motocicletas, tractores industriales, ciclomotores  y otros vehículos).

   Para ello, la Ley reduce el plazo entre infracción y sanción con el fin de dotar al procedimiento sancionador de un carácter pedagógico y eficaz y reduce también la litigiosidad por motivos de forma, no de fondo, teniendo en cuenta que el 95 por ciento de las alegaciones y recursos presentados por los infractores se resuelven a favor de la Administración. Además, la nueva norma intenta dar respuesta a las necesidades derivadas de la incorporación de las nuevas tecnologías para el control automático de la disciplina del tráfico.