El guión estaba escrito y como se preveía, la Comisión del Estatuto no investigará al presidente del Congreso. Así lo certificó el diputado del PP,
Vicente Ferrer, a la salida de la reunión en la que todos los grupos estuvieron de acuerdo con el informa jurídico de los servicios de la Cámara solicitado por el presidente de la Comisión, el socialista
Francés Vallés. Todos menos el propio PP que incomprensiblemente se abstuvo.
El objetivo del informe era demostrar que no hay ningún artículo del Reglamento del Congreso que abra la puerta a una investigación de este tipo.Es más, el artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) deja claro que la Comisión del Estatuto del Diputado no es competente para investigar sobre la declaración de bienes de los diputados.
Vallés: "Los hechos son falsos"
En realidad, la petición para investigar los bienes de
Bono, fue pedida por el abogado murciano
José Luis Mazón, que el pasado mes de abril, presentó un escrito a la Mesa del Congreso tras publicarse las primeras informaciones sobre los bienes de Bono. El tema fue debatió hasta tres veces en la Mesa en ausencia de Bono, que no participó en la discusión por ser afectado directo, rechazándose la apertura de la investigación.
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Antes de la reunión de este martes, Vallès, mantuvo un encuentro con Bono que quiso poner de nuevo a disposición de los miembros de la Comisión su declaración de bienes y la carta que le envió hace un mes al líder del PP,
Mariano Rajoy. “Hemos podido comprobar que todos los hechos que se imputan a Bono son falsos”, sentenció luego el socialista Vallés, alabando la “transparencia” del presidente del Congreso.
El PP no ceja en el empeño
Tras esta nueva negativa, el PP no se ha dado ni mucho menos por vencido y ha visto una ventana abierta en un acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara Baja el 13 de febrero en 1990 en el que se atribuye precisamente a la Comisión del Estatuto de los Diputados potestad para investigar los asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias de sus señorías. “Se acuerda atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados, acogiéndose a lo que establecen los artículos 17 y 48 del Reglamento de la Cámara, el conocimiento e investigación de los hechos, actuaciones o comportamientos en que los Diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición”, era el texto de la moción que aprobó el pleno del Congreso en la citada fecha.
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