La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), los convenios del Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas de Madrid, Murcia y Cataluña que capacitan a Inspectores Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al acceso informatizado a las historias clínicas, al entender que vulnera la confidencialidad de la historia médica del paciente.
En el convenio al que hace referencia la FADSP acuerda ejecutar para el año 2010 un programa específico que desarrolla determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta duración.
Pero la denuncia viene suscitada por una de sus cláusulas en las que se señala que las distintas CCAA, a través de sus Consejerías de Sanidad, o departamentos de Salut, en su caso, y de sus Servicios Públicos de Salud, se comprometen a "realizar las actividades encaminadas a capacitar a los Inspectores Médicos del INSS para el acceso informatizado a las historias clínicas desde su puesto de trabajo".
Para la FADSP se trata de una medida desproporcionada ya que "supone la posibilidad de que médicos inspectores ajenos al Sistema Nacional de Salud tengan acceso de manera global e indiscriminada a la historia clínica de los ciudadanos de estas CCAA para el control de una prestación económica por enfermedad".
Asimismo, considera que vulnera de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que, por lo tanto, no se corresponde con la legalidad vigente. Lo que les lleva a pedir la intervención de la AEPD para garantizar que datos de especial protección y confidencialidad "no pueden ser utilizados sin la autorización expresa de quienes los facilitaron".
A su juicio, este acuerdo "amenaza con romper con la necesaria confianza" que debe de existir en toda relación entre los profesionales de la salud y los ciudadanos, además de que "vulnera los derechos de ambos".
Así, solicita que dicte acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas o se incoen actuaciones con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.
Finalmente, lamentan dicho acuerdo que consideran es "un paso mas" en la penalización de la prestación por Incapacidad Temporal, "precisamente en un momento en que esta demostrado que muchos trabajadores no utilizan la misma, a pesar de necesitarla, por miedo a poner en peligro su empleo y les expone a una situación de abuso e indefensión".
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