Suma y sigue en prejubilaciones: Banca Cívica acuerda la de 1.100 empleados

Más de 6.000 prejubilaciones están pendientes en este momento de que las cajas implicadas en procesos de integración a través de Sistemas Intitucionales de Protección (SIP) lleguen a culminar su fusión fría, como también se conoce esta fórmula de unión. La presión del Banco de España para que las integraciones estén listas antes de que acabe el año ha provocado cierta aceleración en la constitución de los órganos de gobierno.

El acuerdo de Banca Cívica, según la entidad, "garantiza las condiciones sociales" hasta la firma de un convenio y fija las "compensaciones" para aquellos que, de forma voluntaria o por necesidades de organización, tengan que cambiar de lugar de trabajo, uno de los elementos que había bloqueado hasta ahora el pacto laboral.Los salarios tomarán como referencia el convenio nacional de cajas y se irá aplicando progresivamente en el plazo de tres años. La negociación de otros aspectos se aplaza a la firma del convenio de Banca Cívica el próximo año.

El acuerdo de Cajamadrid, que se cerró en la madrugada del miércoles, marca los requisitos para cumplir con el objetivo de recortar la plantilla de las siete cajas en 3.800 personas, impuesto en el plan de reestructuración presentado para recibir ayudas públicas del FROB, que ascienden a 4.465 millones. Esto supone prescindir del 15% de la plantilla. Para recibir las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB), las cajas inmersas en fusiones se han tenido que comprometer a reducir plantillas entre el 11% y el 27% y oficinas entre el 10% y el 30%

El ajuste se distribuirá en relación al peso que cada entidad tendrá en el banco que operará como sociedad central y en el que las cajas serán accionistas. Así, Caja Madrid, con un 52% de los títulos, asumirá un recorte de cerca de 2.000 trabajadores y Bancaja (37%) de 1.400.La fórmula principal para el ajuste de empleo será la prejubilación, que permite cobrar un 95% del sueldo fijo neto del último ejercicio a los trabajadores que cumplan 55 años en 2011.

Uso de la fórmula del ERE

Las salidas de asalariados se tramitarán por medio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), lo que ha causado malestar en el Gobierno y en la opinión pública. Este mecanismo permitirá a las cajas realizar un importante ahorro, que asumirá el Estado, pues las prejubilaciones se transforman en la práctica en un despido y durante los dos primeros años el empleado cobra el paro, que la entidad completa hasta el porcentaje pactado en los acuerdos laborales.

La caja también se ahorra la Seguridad Social, que correrá a cargo del Inem. La fórmula del ERE también beneficia fiscalmente a los empleados que se acojan a la medida. Tendrán una exención del equivalente a 45 días por año trabajado y la posibilidad de aplicar a la parte no exenta de la indemnización (el resto desembolsado durante los años que restan hasta la jubilación) el tratamiento de renta irregular.Para que estos expedientes sean autorizados por el Ministerio de Trabajo, las cajas pueden alegar duplicidad de puestos de trabajo y causas organizativas y de producción.

Expertos del sector calculan que el ahorro de costes que se obtiene con esta fórmula puede llegar al 25%. Teniendo en cuenta que la factura total de las prejubilaciones en Caja Madrid, Bancaja y sus cinco socias podría rondar los 1.000 millones de euros, el Estado asumirá un cargo de hasta 250 millones. Desde los sindicatos aseguran que el acuerdo laboral no va a tener coste alguno para los ciudadanos, porque se va a pagar con el dinero que las entidades van a recibir del FROB, pero es un dinero a devolver con un elevado interés del 7,75%", argumentan.

La fórmula de articular las prejubilaciones a través de un ERE, común en otros sectores, es nueva en la banca. En anteriores procesos de ajuste del sector financiero español se llevó todo el coste contra las reservas de la entidad. Durante la creación de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, se hicieron prejubilaciones con 53 años.

En paralelo, el sistema institucional de protección (SIP) formado por Cajastur, Caja Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria y Caja de Extremadura prevé unas 1.880 prejubilaciones y el cierre de unas 470 oficinas entre todas las entidades, según el preacuerdo laboral ratificado el martes por la dirección y los sindicatos.