Organizaciones y movimientos sociales, divididos en apoyo a consulta

A través de un manifiesto, la Coordinadora hizo un llamado a la Corte Constitucional para que su pronunciamiento sobre las preguntas de la consulta sea “libre de presiones politiqueras, económicas y gremiales”. También planteó los mecanismos de socialización de las preguntas a través de talleres y encuentros provinciales, regionales y nacionales.

La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) se comprometió a capacitar al equipo de promotores sociales para que apoyen el proceso de difusión de la consulta.

Miguel Toscano, director de Iniciativas Ciudadanas del ente gubernamental, dijo que el acompañamiento de esta Secretaría a las organizaciones sociales será a través de una permanente capacitación para que la participación ciudadana se potencie.

La Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupa a unas 50 organizaciones sociales, y el Seguro Social Campesino, que acoge alrededor de un millón de personas, resolvieron respaldar la iniciativa gubernamental y se autoconvocaron a una movilización permanente.

La movilización se centra en la socialización de los temas de la consulta en las diversas comunidades y localidades del país y en posicionar la defensa del derecho pueblo a pronunciarse en las urnas, expuso Rodrigo Collahuazo, dirigente de las citadas agrupaciones.

Esto no significa, aclaró, que vayan a realizar una campaña a favor del Sí, lo que se organizará una vez que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la admisibilidad de la propuesta.

“Hemos hecho un análisis y miramos que constitucional y jurídicamente está respaldada la consulta popular”, dijo el dirigente a Andes basado en varios artículos de la Constitución vigente.

Collahuazo está de acuerdo con la posición del Presidente Correa en el sentido de que la soberanía radica en el pueblo, que tiene el derecho constitucional de participar directamente en asuntos de interés del Estado.

Coincide también en que las diez preguntas (5 de enmiendas constitucionales y 5 de consulta popular) se enmarcan en un debido sustento jurídico y no alteran la estructura y los elementos constitutivos del Estado.

Collahuazo repudió la posición de partidos de derecha (Socialcristianos, Madera de Guerrero, Prian) en complicidad y alianza con grupos de seudo izquierda y etnoderecha que adelantan una campaña anticipada por el No.

El cuestionamiento es similar al del presidente Correa,  que en declaraciones anteriores adelantó que pudiera existir injerencia política porque la magistrada Nina Pacari, es allegada al partido Pachakutik –ala política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)- que ya adelantó su postura por el No.