Enrique Szewach
viernes 13 de mayo de 2011, 20:32h
El kirchenerismo, junto a la UCR, acaban de convertir en ley a un nuevo marco regulatorio para el mercado voluntario de la medicina prepaga.
Llama la atención que, en medio del escándalo que atraviesa al sistema de salud obligatorio que manejan las agrupaciones sindicales, con medicamentos truchos, financiación a la campaña política del oficialismo, estafa con la administración de programas especiales, gerenciadores en manos de parientes y amigos, problemas serios de calidad de atención en algunos gremios (hay excepciones, justo es marcarlo), y otras cuestiones, junto al obvio deterioro de infraestrucura de los hospitales públicos, los legisladores hayan puesto el énfasis, en el reducido y voluntario segmento de los seguros de salud privados.
Pero bueno, será éste un “olvido” sobre el que pondrán atención, espero, en un futuro cercano.
Mientras tanto, como mencionara, se han encargado de regular el segmento menos importante del sistema, relacionado con el seguro voluntario de salud.
Al respecto, los legisladores han puesto de manifiesto un nuevo capítulo del voluntarismo populista que caracteriza a gran parte de la normativa correspondiente al “Estado del Bienestar” vernáculo.
Me explico. Es aceptable, e inclusive imprescindible, que el Estado regule e intervenga en ambientes (por no decirle “mercado” a la salud, así no se ofende nadie), en dónde existe una clara asimetría de información y poder entre quienes ofrecen el servicio y quienes lo reciben.
En temas de salud, el poder, por definición, lo tiene siempre el oferente. Si yo entro a un negocio a comprar una corbata, y quiero una de color rojo y en torno a un valor de 300 pesos, demandaré ese producto y si me ofrecen alternativas, la decisión final será mía.
En cambio, en cuánto me siento en el consultorio del médico, estoy en sus manos. El “decide”, en general, cuántos análisis o radiografías necesito y yo no puedo discutir, ni argumentar en contrario. Es una relación basada en la confianza, el respeto, la reputación.
En el contrato con un servicio médico, mi capacidad de analizar y evaluar cuál es mejor, y qué precio pagar, es limitada. Es allí, en dónde se justifica, entonces, un marco regulatorio que me “ayude” a entender el contrato, que me advierta de mis márgenes de decisión y que, eventualmente me “proteja” de situaciones derivadas de esa falta de información o del hecho que el seguro que estoy pagando me brinde, en caso de necesitarlo, el servicio que me prometió, en las condiciones en que fue contratado y que haya un sistema que me cubra, en caso de quiebra del prestador.
Pero lo que se ha regulado esta semana, o tiende a “uniformar” mal el producto, sin dejar opción al cliente para decidir en lo único que puede decidir –que costos y que riesgos estoy dispuesto a tomar- o avanza sobre temas que serán de imposible aplicación. Permítanme usar el ejemplo del seguro de automóviles, salvando las distancias
La ley limita, ahora, la posibilidad de que contrate un seguro “contra terceros” o un “seguro contra todo riesgo”, de acuerdo a los riesgos que quiera asumir por mi cuenta, me obliga a tomar el seguro más caro.
Además permite asegurar un auto contra robo, una vez que me ha sido robado.
Es decir, contratar un seguro de salud que me cubra una enfermedad “costosa de curar”, una vez que contraje la enfermedad.
Por lo tanto, un sector importante de los clientes de la medicina prepaga, podrían decidir, salir del sistema, atenderse por su cuenta, para las consultas médicas, y sólo asociarse en el momento en que se presente un gasto extraordinario.
Como, además, se eliminan los períodos de "carencia", es decir, el plazo que debe pasar entre la afiliación al sistema y el uso de determinadas prestaciones, y el sistema es absolutamente voluntario, no hay ningún incentivo para asociarse, antes de un "siniestro".
Como usted se da cuenta, una compañía de seguros de autos, basjo este sistema quebraría, o el costo del seguro sería enorme, o finalmente, encontraría la vuelta para evitar esta situación.
Lo mismo sucede con los otros temas que intenta cubrir la ley, con la no discriminación por edad, etc. Todos son temas que, o terminan encareciendo fuertemente el servicio, o terminan quebrando el sistema, o terminan siendo eludidos, de alguna manera, ya sea por la “reglamentación”, ya sea de forma menos transparente.
Una vez más, gran parte de la política argentina, en lugar de evaluar técnicamente los temas, ver la experiencia internacional reciente, estudiar las consecuencias, consultar a expertos, debatir amplia y seriamente, se ha encargado de sancionar una ley que, en el mejor de los casos, terminará por fracasar.
En el peor, hará desaparecer el segmento voluntario de los seguros de salud y, en el medio, como seguramente sucederá, generará conflictos crecientes, encarecimiento, parches regulatorios, o surgirán alternativas en dónde el servicio se prestará de otra manera, fuera del marco actual.
Perjudicando a los que se pretendía protejer, o, lo más probable, eludiendo, en la práctica, las nuevas obligaciones y dejando sin resolver los viejos problemas.
En síntesis, como muchas otras veces, hecha la ley, hecha la nada