De la lucha contra el terrorismo a una estrategia de seguridad

No quisiera parecer ingenuo, pero creo que se extiende progresivamente la corriente de opinión favorable a promover un acuerdo nacional, lo más amplio posible, para sortear los principales riesgos que hoy tiene el país. No importa que algunos incorporen mas componentes en ese paquete de riesgos y otros seamos más partidarios de reducir su número. En términos generales, puede afirmarse que existen dos visiones: quienes plantean que ese acuerdo tiene que contener tres elementos básicos, política antiterrorista, política económica y reforma del sistema político; y quienes consideramos que ese último capítulo podría encararse consecutivamente, tras haber enfrentado juntos la crisis económica. Es decir, quienes planteamos un proceso deslizante que podría pensarse así: la política antiterrorista ya era un acuerdo previo, ahora sería urgente el acuerdo sobre salida de la crisis económica y progresivamente entrar después a la reforma del sistema político. Ciertamente, no se trata de un rechazo o reticencia a la reforma política, sino más bien una estrategia de economía de esfuerzos: parece más seguro evitar la posibilidad de entorpecer un acuerdo sobre crecimiento y empleo, si no le agregamos encima la reforma política. Pero si ambas cosas fueran posibles, fantástico. Pues bien, respecto a la política de Estado que ya venía manteniéndose, referida a la lucha contra el terrorismo (principalmente de ETA), ha aparecido una novedad importante. Sucede que desde el Gobierno ha surgido la iniciativa de dotar al país de una Estrategia Española de Seguridad (EES), que incluye no sólo las amenazas tradicionales de defensa sino también las que implican riesgos de emergencia nacional por otras causas, entre las que, claro, se sitúa el terrorismo. Así, como se recordará, el mes pasado fue aprobada dicha Estrategia por el Consejo de Ministros, tras haber sido acordada por el Consejo de Defensa Nacional (que preside el Rey). Esta aprobación tiene efectos respecto de la política de Estado existente sobre combate al terrorismo, por cuanto podría entenderse que dicha política pasaría, de centrase sólo en este tema (terrorismo) al conjunto de la Estrategia de Seguridad, que lo incluye. Sin embargo, esa suposición se ha mostrado excesivamente optimista. La principal fuerza política de la oposición, el PP, concentrada como está en fragilizar políticamente al Gobierno, para asegurar su inminente victoria electoral, ha decidido no acoger favorablemente la EES; sobre la base de argumentos diversos: por un lado, al hecho de que el documento se encargó a un conocido socialista, Javier Solana, el cual no consultó al PP como partido, sino a expertos individuales del PP; por el otro lado, que el momento es demasiado electoral como para discutir este asunto de gran calado y, por tanto, es mejor dejarlo para después de las elecciones. En suma, el PP prefiere mantenerse en la política de Estado contra el terrorismo y dejar el salto hacia una Estrategia de Seguridad para después de las elecciones, porque, en todo caso, ésta debería pasar por el parlamento, para dotarla de respaldo y fuerza de ley. En todo caso, más allá de los intereses particulares del Gobierno y la oposición, parece oportuno preguntarse de si la EES debería ser o no una política de Estado, que contará con el acuerdo de las principales fuerzas políticas y todas las que pudieran sumarse. Y lo cierto es que en el escenario internacional pueden encontrarse opciones diversas. En unos países, con sistemas políticos más presidencialistas, como Estados Unidos o Francia, la política de seguridad es una política pública más, como las de salud o educación, que no necesita de un acuerdo especial más amplio. En otros casos, de sistemas parlamentarios, como en Inglaterra, la política de seguridad (The National Security Strategy) es presentada por el Gobierno al Parlamento donde se discute y aprueba, aunque sólo sea mayoritariamente. En el caso de España existen razones que aconsejan un acuerdo para hacer de la EES una política de Estado. Una primera y poderosa refiere al hecho de que contiene en su interior un asunto nuclear (el combate al terrorismo) que ya ha sido concebido como tal (política de Estado). Otro argumento refiere a que, dado el sistema parlamentario que nos dotamos, sería prácticamente inevitable discutir esta política en las Cortes, y en ese contexto, no pereciera muy edificante que una política de seguridad (que incluye la amenaza del terrorismo interno y externo) mostrara una votación divida casi por la mitad. De hecho, el reciente acuerdo unánime en el Congreso que ha tenido la semana pasada el tema del asociacionismo del personal militar, que ha dado incluso para congratulaciones generalizadas (mediáticas) y que ha provocado que Chacón, la Ministra de Defensa, haya lanzado una misteriosa insinuación sobre que quizás este acuerdo unánime pudiera ser un germen de algo más grande, tal vez podría ser efectivamente un antecedente para que la EES se consolidara como política de Estado. Es decir, todo indica que eso sería altamente aconsejable para el caso español. Ahora bien, si la EES se orientara como política de Estado cabe la pregunta si no debería discutirse algo más el documento actual aprobado por el Consejo de Ministros. Y cuando digo “algo más” quiero decir que no demasiado más, porque haber logrado el consenso dentro del actual Consejo de Defensa no debe minusvalorarse. Pero tiene razón el PP acerca de que un asunto tan fundamental debiera revisarse en alguna medida, si de veras se quiere que sea realmente un acuerdo de Estado. En términos sustantivos, el documento parece una buena base de partida. Es cierto que podría mejorarse en algún sentido. Por ejemplo, el texto coloca adecuadamente a España, en términos generales, en el contexto mundial actual en materia de paz y seguridad. Pero cabe la pregunta de si una Estrategia de Seguridad no debería ser algo menos cortoplacista y pensarse no sólo en el actual escenario sino también en el inmediato futuro (donde China no debería verse únicamente como un país emergente, por ejemplo). Es decir, la EES aprobada por el Gobierno es un buen documento para debatirlo en el Congreso, el cual, a su vez, podría solicitar observaciones externas, siempre en la perspectiva de un acuerdo amplio para establecer una política específica de Estado en materia de seguridad, que incluiría el acuerdo actual en cuanto al combate al terrorismo.