La Asamblea aprueba el miércoles la polémica ley

La primera de las críticas es del Gobierno central que en palabras de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asegura que el proyecto de Ley "presenta notables indicios de inconstitucionalidad porque vulnera preceptos estatales", en lo que respecta a la Ley del Suelo, la Ley de Montes y en lo referente a las competencias autonómicas en materia de obras hidráulicas.

Asimismo, la oposición acusó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de revestir de carácter de urgencia y habilitar el mes de julio en la Asamblea para aprobar una Ley que "sólo responde a urgencias e intereses particulares de la señora Aguirre y de sus consejeros de cara a los nombramientos de altos cargos y cargos de confianza".

Tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentario del PSOE e IU, el pasado día 19, la Comisión de Presidencia e Interior de la Asamblea de Madrid aprobó, con los votos a favor del PP y los votos en contra de los partidos de la oposición, el dictamen sobre el proyecto de Ley.

El PP aceptó incorporar al dictamen final seis enmiendas del PSOE de carácter técnico, de las 49 que presentaron, rechazó las 28 enmiendas de supresión, una por artículo, que presentó IU e incluyó las siete que aportó el Grupo Parlamentario Popular, entre ellas la que devuelve al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid el "carácter de autoridad".

El artículo 9 fue el que más polémica suscitó al exigir a los agentes forestales autorización judicial para entrar en las parcelas de titularidad privada, lo que supone más del 70 por ciento del total del monte de la región. Además del PSOE e IU, el propio cuerpo de funcionarios, los sindicatos y las asociaciones de ecologistas se han opuesto públicamente y amenazan con huelgas.

Limitación a tres alturas
Por otra parte, la limitación a tres alturas más ático en todos los edificios que se construyan en la región, incluida en el programa electoral del PP y fijado en el artículo 13, también ha provocado una cadena de reacciones en contra, entre ellos arquitectos y promotores, a los que hoy se ha sumado la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, que aseguró que la medida "atenta contra el medio ambiente".

Los representantes de Comisiones Obreras y UGT del Consejo Económico y Social de Madrid (CES) elaboraron un amplio y crítico informe sobre la Ley de Medidas Urgentes que recomienda la paralización del trámite legislativo para que pueda ser sometido a un correcto debate y análisis democrático.

De este modo, criticaron que el Gobierno regional pretende aprobar esta Ley por el procedimiento de urgencia, lo que "imposibilita el debate y discusión de temas de especial trascendencia para los ciudadanos de la Comunidad".